13 de abril de 2008
13.04.2008

Las denuncias contra el Concello obligan a sus abogados a intervenir en dos juicios al día

13.04.2008 | 03:13
Las denuncias contra el Concello obligan a sus abogados a intervenir en dos juicios al día

El presupuesto para mantener la asesoría jurídica supera los 650.000 euros

Las denuncias que particulares y empresas interponen contra el Concello de Vigo para reivindicar sus derechos o reclamar una indemnización suponen a las arcas municipales más de 650.000 euros anuales. La mayoría de las querellas se resuelven en vía administrativa o se desestiman antes de llegar a juicio, pero esta criba inicial en la que también hay acuerdos amistosos no evitó el pasado año que los nueve funcionarios que componen el equipo de la asesoría jurídica municipal se personarse en un total de 409 pleitos.

Tratándose de una administración, el 80 por ciento de los casos se resuelven en los juzgados de lo Contencioso-administrativo y apenas 80 llegaron a las salas de lo Penal, la mayoría, por daños al patrimonio municipal -actos vandálicos- y con menores implicados, lo que retrasa el proceso.

Un pequeño grupo de 48 pleitos se dirimen actualmente en los juzgados de otras ciudades, por traslado del denunciante o el demandado, y tan sólo uno se encuentra en la Audiencia Nacional: la reclamación presentada por la concesionaria de la estación de autobuses por no estar de acuerdo con la cuota del IBI asignada por la corporación viguesa.

Los casos de mayor repercusión son los relacionados con el planeamiento urbanístico y las concesionarias de los aparcamientos municipales, pero el día a día del departamento transcurre entre multas de tráfico y demandas de responsabilidad patrimonial contra el Concello. Dos razones justifican su elevado volumen: la aparición de empresas especializadas en recurrir multas usando un único modelo de demanda y sin apenas costes, y la creación de los juzgados de lo Contencioso en Vigo, lo que reduce el gasto para el demandante.

Jesús Costas es el responsable de contencioso y el que sigue más de cerca todos estos procesos, pero la actividad de la asesoría jurídica tiene otra vertiente: la función de aconsejar al Gobierno local y cuyo supervisor es Francisco Yedra. Esta segunda sección emite una media de 400 informes anuales de carácter interno y es la que garantiza que las decisiones municipales se ajusten a derecho. Supervisan los procesos de contratación, los pliegos de condiciones para adjudicar obras y la fijación de los servicios mínimos durante las huelgas, que son recurridos por norma por los sindicatos debido a la falta de una normativa actualizada.

Sacar adelante todo este trabajo supuso para el Concello de Vigo 657.000 euros el pasado año. Medio millón se destinaron a personal, una partida de 150.000 a pagar a los procuradores y 7.000 en documentos y gastos menores.

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