Escalada de demandas en la Administración local para lograr plaza fija: son ya más de 300

Más de 300 trabajadores temporales e interinos de la Administración local gallega ya han recurrido a los juzgados para conseguir la plaza fija como personal laboral a raíz de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que abre la puerta a que las entidades locales garanticen la fijeza de este tipo de personal. Así lo cifra el presidente del sector de la Administración local en Galicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Alfonso Espiñeira, que asegura que alrededor del 30% del total del personal de los concellos gallegos se encuentra trabajando en este régimen temporal, pese a que “la ley fija el tope en torno al 8%”, según asegura el representante sindical.

A tenor del último recuento realizado el pasado julio por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en Galicia hay un total de 28.879 empleados dependientes de las entidades locales, lo que supondría, según las estimaciones de Espiñeira, que hay más de 8.000 temporales e interinos en los concellos, entre los que figuran trabajadores sociales, obreros municipales o auxiliares de la policía local, entre otros.

Este último varapalo de Europa deja entrever las carencias que existen dentro del marco jurídico español para intentar frenar la temporalidad dentro del empleo público. Hace tres años, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, popularmente conocida como la “ley de estabilización”.

Esta disposición contemplaba ciertas garantías para aquellos trabajadores de la Administración que se encontraban en régimen temporal. Para ello, se garantizaba la “indefinición” para aquellos temporales e interinos de las administraciones que estuviesen dos años seguidos con contrato eventual o tres en una plaza de convocatoria discontinua. “En los concellos gallegos, esta ley de estabilización apenas se ha ejecutado y finalizado desde su promulgación y muchos siguen en fraude de ley”, señala Espiñeira.

Pero lo cierto es que esta “fijeza” que estipula la ley de estabilización no implica la garantía de un puesto para el trabajador público temporal, sino que lo prioriza en el siguiente proceso de selección, uno de los puntos que critica Europa en la última sentencia del TJUE. “Ahora mismo, la única forma para que el personal laboral temporal que está en esta situación consiga una plaza fija es recurriendo a los tribunales”, lamenta el sindicalista. En España, a esta figura se le llama “indefinido no fijo” y se obtiene tras una sentencia judicial, después de existir abuso de contratación temporal por parte de la Administración pública, pero ahora Europa indica que este estatus no es suficiente para regular la situación.

Y es que Espiñeira indica que este repunte de demandas viene motivado por el pronunciamiento de los magistrados europeos, que, además del de febrero, ya habían dado un toque de atención en 2021, antes de la ley de estabilización. “La sentencia de Europa deja la puerta abierta a equiparar al indefinido con el trabajador fijo”, señala. “Como aún no ha habido una respuesta por parte del Gobierno central, estos trabajadores se están echando ahora a los tribunales ante lo que pueda pasar”, apostilla el representante sindical, que prevé que en los próximos meses las demandas de estos temporales e interinos de la Administración local gallega seguirán aumentando.

Espiñeira señala como uno de los casos “más sangrantes” de temporalidad en los concellos la situación de los auxiliares de policía local, una figura concebida como apoyo para el agente y considerada con la categoría de personal laboral. El proceso de elección se realiza a través de un examen práctico y teórico. Cada año, algunos concellos solicitan este tipo de contrataciones para complementar sus plantillas en los períodos estivales. La Ley de Coordinación de Policías Locales estipula que los ayuntamientos “con aumento notorio de población” podrán incrementar su cuerpo con auxiliares “solo hasta el 50%” y con una duración de contrato de menos de cuatro meses.

Al estar considerados como personal laboral, los auxiliares tienen derecho a la indefinición si cumplen los tres años presentándose a estas convocatorias, donde tendrían prioridad para ser escogidos a tenor de la ley de estabilidad. El problema viene cuando los concellos cambian el número de plazas ofertadas entre año y año. “Como no tienen obligación de convocar las mismas vacantes todos los veranos, los auxiliares lo tienen muy complicado para ganarse el puesto”, señala Espiñeira.

La última convocatoria realizada por la Xunta para el próximo verano contempla 127 plazas de auxiliar para 30 municipios, de las cuales 30 corresponden al Concello de Sanxenxo, algo que supera en 3 efectivos a su plantilla anual de Policía Local, conformada por 27 agentes.

Con todo, Espiñeira afirma que existen “distintas velocidades” a la hora de combatir la temporalidad de los empleados públicos en los distintos concellos. “Sabemos que hay municipios, como Ribeira o Boiro, donde la ley de estabilización se ejecuta de forma rigurosa”, señala el representante del CSIF, que lamenta que no es así en todas partes. “Nos consta que en Malpica, Cabana y Noia se mantienen en fraude de ley y la única manera que tienen los temporales de regularizarse es a través de los pleitos”, asevera.