Los concellos gastan en dos años 900 millones con el criterio en contra de los interventores

El interventor de un ayuntamiento es una figura clave en su funcionamiento. Es el profesional que se encarga del control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria del gobierno local. Por tanto, su acción tiene un gran peso, pero su criterio no siempre es tenido en cuenta. Es más, entra dentro de la normalidad que no se respeten sus vetos o sus reparos en numerosas decisiones que conllevan un compromiso monetario. De hecho, en los años 2019 y 2020 los concellos gallegos se gastaron casi 900 millones de euros a pesar de contar con el criterio en contra de sus interventores por apreciar dudas sobre su legalidad.

Así se recoge en el último informe de fiscalización del Consello de Contas, entregado esta semana al Parlamento, sobre los años 2019 y 2020. Entre ambos ejercicios, fueron 19.7832 los expedientes en los que la intervención municipal encontró alguna deficiencia que les impidió dar el visto bueno. En estos casos, para poder seguir adelante con la gestión, el alcalde o el pleno municipal aprueba un acuerdo por el que se salta ese reparo. Sin embargo, en 32 ayuntamientos esta discrepancia con la intervención no la resolvió el alcalde o el pleno, que son los únicos con competencias legales, sino otros órganos que no están facultados para ello, como las juntas de gobierno o un concejal delegado.

Indicios de infracción

El caso es en que 2.725 expedientes el Consello de Contas aprecia indicios de infracción administrativa o de responsabilidad contable (1.060 en el año 2019 y 1.665 4n 2020) que fueron trasladados al Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador estatal que sí tiene competencias para enjuiciar estas acciones irregulares.

Estos procesos de saltarse el criterio del interventor son comunes en las administraciones locales y responden, generalmente, a una falta de planificación. Por ejemplo, vence el contrato de recogida de basura sin que la nueva concesión esté prepara todavía y entonces el concello decide de forma unilateral prorrogar el actual contrato varios meses más para ganar tiempo y no dejar sin recoger los residuos urbanos. Esta acción de ampliar el contrato es irregular, pero no un delito, ya que se está pagando a un tercero por un servicio público que está prestando efectivamente. Sin embargo, no deja de ser una gestión incorrecta.

Con esta mecánica, los ayuntamientos gallegos aprobaron 10.235 expedientes en el año 2019, que supusieron un gasto con el criterio en contra del interventor de 502,7 millones de euros. Fue la cifra más alta desde que se lleva un control de estos gastos. El año anterior (2018) la cantidad ascendió a 390 millones, que a su vez resultó la más elevada, ya que fue un 79% superior a la de 2017 y el doble que los años 2014 y 2015.

En 2020, el año de la pandemia, el número de expedientes sacados adelante con el reparo de la intervención fue de 9.547, pero el importe registró un descenso notable con respecto al ejercicio anterior, al quedarse en 390,8 millones de euros.

Causas de los reparos

Las causas por las que un órgano de control interno formula un reparo suspensivo se dan cuando se detecta insuficiencia de crédito o que el propuesto no sea adecuado; cuando no fueron fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago; o que se omitan requisitos o trámites esenciales.

Según el informe del Consello de Contas, el 98% de los casos, el veto del interventor se debió a la ausencia de requisitos o trámites indispensables en esos expedientes, “que habían podido dar lugar a la nulidad del acto”.

Modalidades más afectadas

Las modalidades de gasto sobre las que versaron la mayoría de las resoluciones y acuerdos contrarios a los reparos en el ejercicio 2020 fueron las de contratación y personal, ascendiendo en conjunto a un total de 8.340 resoluciones por un importe total de 332,76 millones de euros, situación que es similar a la que se produjo en 2019, donde los expedientes en materia de contratación y personal supusieron un número total de expedientes de 8.661 por importe de 443,54 millones de euros.

“La tramitación de un gasto sin respetar los procedimientos legalmente establecidos es una práctica incorrecta que no puede convertirse en habitual”, advierte el Consello de Contas, que echa en falta más sistemas de control en la administración local.

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