La Xunta ve “precipitada” la decisión del TC de prorrogar la suspensión de la Lei do Litoral

La Xunta de Galicia recibió con “sorpresa” la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de mantener suspendida la práctica totalidad de la Lei de Xestión do Litoral y, tras calificar la decisión de “muy precipitada”, insistió en que la normativa “protege la costa y la economía” de la comunidad.

Durante una visita a la empresa Iberconsa en Vigo, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, reconoció que el auto del TC ha cogido “por sorpresa” al Gobierno gallego.

Así, señaló que la decisión “es muy precipitada” porque no figuraba en el orden del día del pleno del tribunal y apuntó que, a la espera de recibir el auto, “deberían repensarlo un poco y dictar sentencia cuanto antes” porque su decisión “va en contra de los intereses de Galicia”.

En todo caso, la conselleira insistió en que esta ley “protege la costa y la economía” gallega. “No alcanzamos a saber por qué se dice que, lejos de proteger nuestra costa, va sufrir consecuencias de carácter medioambiental”, afirmó.

Por otra parte, Ángeles Vázquez también reclamó “explicación de los motivos” por los que se abordó esa cuestión por parte del Tribunal Constitucional sin estar en el orden del día y, asimismo, mostró su extrañeza porque queden suspendidos “casi todos los artículos” de la ley, a excepción de tres de ellos, entre los que está el relativo a la necesidad de que el Gobierno pida a Galicia informe socioeconómico y de afectación a las aguas, en caso de querer realizar cualquier inversión en dominio público marítimo terrestre.

El Tribunal Constitucional suspendió la Lei do Litoral en noviembre del pasado año mientras analiza el recurso presentado por el Gobierno contra la norma gallega.

Transcurridos cinco meses el TC debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley o bien prorrogar su suspensión. Aunque no se ha cumplido el plazo, el Constitucional acordó el pasado jueves por unanimidad mantener paralizada la aplicación de esta norma, la más ambiciosa de la pasada legislatura por la que la Xunta asume de forma unilateral y en contra del criterio del Estado las competencias para gestionar los usos y actividades en la costa y en la franja de 100 metros a contar desde la línea de playa.

El tribunal esgrimió que prorrogaba su suspensión para “cumplir con la obligación institucional de proteger” el litoral frente al “impacto” que sobre él supone la aplicación de la ley gallega.