Galicia ultima un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Vivienda

La Xunta se prepara para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda del Gobierno. La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, informó ayer que ya ha encargado un informe preceptivo al Consello Consultivo para recopilar argumentos legales que avalen su demanda. Si durante esta semana no obtiene respuesta a sus propuestas de modificación de la ley, procederá a presentar el recurso ante los tribunales pues de lo contrario se le pasaría el plazo para hacerlo.

Antes de participar en la reunión del Observatorio da Vivenda de Galicia, Vázquez ha explicado que se ha creado una comisión bilateral entre Gobierno y Xunta pero avanzó que “va a dar muy pocos frutos”. Según indicó, el Gobierno gallego mandó sus propuestas para modificar la ley e, “independientemente de las alegaciones hechas antes”, afirmó: “Volvemos a reiterar que desde Galicia no vamos a permitir que la okupación sea el título habilitante para tener una vivienda pública”.

A su vez, trasladó que el Gobierno gallego expuso en la comisión bilateral “los malos datos” que está dando la “aprobación de la ley de vivienda”, para la que, según recordó, “no se tuvo en cuenta a las comunidades autónomas”.

En esta línea, censuró que debido a “la gran inseguridad que se está creando”, a nivel nacional “un 30 por ciento de las viviendas se han retirado del mercado para el alquiler, buscando otras vías, vender o que pasen para vivienda turística”.

Fondos europeos

Sobre la comisión sectorial celebrada en Madrid, que, según denunció, “tardaron 15 meses en convocar”, la vicepresidenta segunda informó que la Xunta “dio a conocer la gestión que ha hecho de los fondos europeos”. “Con una gestión y certificación del 100 por cien de las ayudas de Bruselas y pidiendo más recursos”, explicó.

Así, la vicepresidenta indicó que ahora les harán “una aportación de unos 25 millones de euros”, aunque, según manifestó, “el compromiso por parte del Gobierno central era que aquellas comunidades que cumplieran saldrían reforzadas del reparto de fondos”.

“Parece que no va a ser así, pero demandamos 140 millones de euros que sería lo necesario para hacer frente a aquellas solicitudes que tenemos encima de la mesa de eficiencia energética y que cumplirían perfectamente para ser ayudados y, de esta manera, seguir avanzando en la línea que manda Europa”, aseveró.