Contas revela que el 60% de los contratos de los entes adscritos a la Xunta incumplen la ley

El Consello de Contas ha detectado irregularidades en la mayoría de los expedientes de contratación licitados por los entes dependientes de la Xunta. En su último informe de fiscalización ha revisado los contratos de la llamada administración paralela –fundaciones, agencias, institutos, sociedades y otros organismos adscritos al Gobierno autonómico– y concluye que en el 60 por ciento no se han justificado los criterios de adjudicación, incumpliendo así la Ley de Contratos del Sector Público. Esto, en opinión del órgano fiscalizador, no solo “resta objetividad y transparencia en el proceso de selección de la mejor oferta sino que constituye un riesgo de anulación del procedimiento”.

Las entidades públicas de la administración paralela han estado históricamente en cuestión por situarse al margen de la Administración y sometidas a mayores sospechas de falta de transparencia e ineficiencias. De hecho, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo en 2009 a la Xunta se inició un plan para recortar “chiringuitos” auspiciado por la necesidad de una mayor austeridad en la Xunta.

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Contas ha fiscalizado los expedientes de contratación correspondientes al ejercicio 2018 de casi una treintena de entidades instrumentales. En ese año se adjudicaron 477 contratos por valor de 251,3 millones de euros.

Una de las principales irregularidades advertidas por la Xunta es la falta de motivación de los criterios de adjudicación, lo que podría derivar en la anulación de los contratos, pero no es la única anomalía. El órgano fiscalizador advierte también de un uso “indebido” e “irregular” de la contratación a dedo.

Solo el 2 por ciento de los contratos se adjudica mediante procedimiento abierto, mientras que el 95 por ciento se asigna de forma directa sin mediar concurso público ni publicidad. En todo caso, estos últimos son contratos menores y representan solo el 16 por ciento de la licitación: unos 51 millones de euros.

Aún así, Contas advierte que el importe adjudicado mediante este sistema se ha incrementado en términos absolutos en los últimos años, a pesar de que su uso debe ser excepcional.

De hecho, el órgano fiscalizador alerta que las entidades no justificaron “la excepcionalidad” de estas adjudicaciones y solo esgrimieron como motivo la baja cuantía de los contratos. “Se está conviertiendo en ordinaria una forma de tramitación que la ley prevé como excepcional”, critica Contas.

Para adjudicar a dedo estos contratos su cuantía no debe superar unos límites fijados por ley. Pero Contas advierte que no siempre se respetan.

Se detectó, por ejemplo, que en la mitad de las entidades controladas se recurre a la contratación a dedo para cubrir “necesidades recurrentes que se reiteran anualmente y cuyo importe, calculado de forma acumulada, expede el límite que permite adjudicar de forma directa”. Además un 15 por ciento de las entidades, según Contas, hicieron fraccionamientos “indebidos” adjudicando prestaciones de forma separada mediante contratos menores.

Por último, el informe fiscalizador advierte que en el 23 por ciento de las entidades se detectó la “utilización irregular” de contratos menores como “contratos puente” para garantizar la continuidad de un servicio mientras nos se resolvía la licitación a través de otros procedimientos.

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