Medio Rural apercibe este año a los dueños de 75.000 parcelas por no desbrozar la maleza

Desde enero, los avisos tienen una vigencia de cuatro años

Se arriesgan a multas desde 100 euros y a pagar la limpieza subsidiaria

Un operario desbroza una finca en Marín.

Un operario desbroza una finca en Marín. / Gustavo Santos

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Los dueños de 75.000 parcelas forestales recibieron este año un aviso por parte de la Consellería do Medio Rural para que limpiasen de maleza sus terrenos, situados cerca de edificaciones o vías de comunicación. No recibirán otra advertencia durante los próximos cuatro años, pero si policías autonómicos, empleados de la Xunta o incluso la brigadas municipales detectan de nuevo esas fincas sin desbrozar, la administración acometerá de forma subsidiaria esos trabajos, le pasará la factura a los dueños y tramitará la correspondiente denuncia para que sean multados con un mínimo de 100 euros, si bien la cantidad puede elevarse en casos de reiteración o situaciones de peligro hasta el millón de euros.

El Ejecutivo gallego estrenó el 1 de enero de este año un nuevo sistema de apercibimientos a los propietarios de terrenos forestales en las llamadas fajas de seguridad, situadas en el perímetro de 50 metros alrededor de las casas y otras infraestructuras. Constituyen los puntos de mayor riesgo en caso de incendio. Hasta este 2023, el sistema incorporaba varias notificaciones antes de proceder a la sanción o la limpieza subsidiaria.

La Ley de Acompañamiento de los presupuestos de este ejercicio introdujo un cambio clave, en opinión de Medio Rural. Los apercibimientos actuales son válidos durante cuatro años, por lo que tras los controles de abril y mayo –las parcelas deben estar desbrozadas antes de junio, cuando se inicia la temporada de riesgo– no es necesario tramitar una segunda queja a los incumplidores durante los próximos cuatro años. Si alguna finca vuelve a ser detectada con maleza, se procede a su limpieza y a tramitar la correspondiente denuncia. “La Ley de Medidas que acompañó a los presupuestos de 2023 mejoró el procedimiento para la gestión de la biomasa en las fajas de seguridad, estableciéndose la posibilidad de imposición de multas coercitivas alternativamente al procedimiento de ejecución subsidiaria”, explican desde el departamento dirigido por José González.

La norma también solucionó el problema del cobro de la ejecución subsidiaria, ya que hasta ahora la administración autonómica no podía recaudar ese dinero al corresponder a una competencia municipal.

Estos cambios legales impiden la realización de una comparativa de los apercibimientos de 2023, a falta de añadir las cifras de diciembre, con los de ejercicios previos, en los que en la misma campaña o en años sucesivos pueden detectarse las mismas fincas incumplidoras en múltiples ocasiones. Este año, además, fueron inspeccionados 98 concellos, analizando parcelas ya revisadas en los años 2021 y 2022.

Entre 2021 y el año pasado, Medio Rural había emitido 325.455 notificaciones por incumplimiento de la obligación de desbrozar, así como 208.455 referencias catastrales. A esos datos se unen los 75.000 apercibimientos de este ejercicio y casi 280 referencias catastrales.

Las tareas de control de Medio Rural, a las que se unen los brigadistas municipales, permitieron revisar más de 1,7 millones de parcelas en la comunidad desde 2021 y gestionar 88.100 hectáreas, lo que evidencia el minifundismo que caracteriza a los montes gallegos.

Planes antiincendios

Para fomentar la limpieza de fincas, Medio Rural y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) llegaron a un acuerdo en 2018 para que la empresa pública Seaga ofreciese la opción de desbrozar terrenos en las fajas de seguridad a un coste de 350 euros por hectárea, ante las dificultades para los concellos de realizar esas tareas de forma subsidiaria. Se puso en marcha en 2019 para dar facilidades a los propietarios.

Medio Rural destaca la gestión correcta de las citadas 88.100 hectáreas. Estos terrenos, limpiados por los dueños o de forma subsidiaria por Seaga, pasaron de representar el 50% en el año 2019 al 70% este ejercicio

También existe un convenio similar de Seaga para la protección de las aldeas. A día de hoy, están adheridos a este acuerdo 282 concellos (el 90,4% del total). De ellos, 279 cuentan ya con planes municipales antiincendios: 228 de ellos están aprobados definitivamente.

Este pacto recibirá el año próximo más fondos hasta alcanzar los 12,2 millones de euros, de los que 7,75 serán aportados por la Consellería do Medio Rural y 4,5 del Fondo de Cooperación Local de la administración autonómica. “La Xunta ha invertido 30,2 millones desde la instauración de este convenio en 2020”, añade Medio Rural.