El sector mar-industria reclama la retirada del recurso estatal contra la Lei do Litoral

El sector mar-industria gallego exigió ayer al Gobierno que “reconsidere” su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Lei do Litoral gallega, ya que “pone en peligro” el reconocimiento del uso pesquero, marisquero y acuícola como estratégico y prioritario para el desarrollo sostenible del litoral de Galicia. Aluden al blindaje que persigue esa norma de las empresas en la costa.

El sector, acompañado de la Xunta, protagonizó un acto ayer en Santiago en defensa de la ley gallega que el pasado día 10 el Consejo de Ministros recurrió porque entiende que 31 artículos y dos disposiciones vulneran el marco competencial constitucional. Al acto acudieron la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y representantes del sector, que leyeron un manifiesto pidiendo la retirada del recurso.

Villares destacó que las demandas proceden de “todo el sector”, que tiene “muy claro” que la ley gallega del litoral es “la ley de Galicia”.

“Nadie puede pensar que Galicia vaya fuera de la Constitución cuando somos una comunidad que es auténticamente leal con el Estado. Que se nos diga eso a nosotros cuando en otros lados se habla de amnistía y referéndum es un cierto desprecio e insulto a la inteligencia de los gallegos”, añadió, en alusión al independentismo catalán, con el que el PSOE negocia para la investidura de Pedro Sánchez.

Villares destacó que lo que dice la ley es que “cualquier proyecto” que se quiera desarrollar “tiene que contar con Galicia”

Por su parte, la vicepresidenta segunda considera que se trata de un recurso “político” y lamentó no tener acceso al informe del Consejo de Estado que avala el recurso del Gobierno ante el Constitucional.

Por su parte, el delegado del Ejecutivo en Galicia, Pedro Blanco, defendió ayer la actual ley del litoral estatal y apuntó que la norma “ya permitió que las 55 concesiones analizadas y estudiadas por el Gobierno en estos últimos cinco años fuesen prorrogadas” mientras que “la única rechazada fue por parte de la Xunta”.

Además, aseguró que “el Gobierno seguirá trabajando en la misma línea de gestión responsable y equilibrada de las costas” para así “garantizar el futuro y la actividad de la industria del mar”.