El Sergas declara desierto el contrato para la práctica de abortos al no recibir ofertas

La intención del Servicio Galego de Saúde era derivar al año a clínicas privadas un total de 800 interrupciones voluntarias del embarazo

Área de ginecología del Hospital de Ourense.

Área de ginecología del Hospital de Ourense. / Iñaki Osorio

R.S.

Ningún centro sanitario ha mostrado interés en el contrato lanzado por el Sergas para la práctica de abortos de hasta 14 semanas. El pasado mes de agosto el Servicio Galego de Saúde sacó a concurso por primera vez este servicio, que hasta ahora se contrataba de forma directa, mediante las llamadas “autorizaciones de uso”, sin mediar concurrencia ni publicidad. Su intención era derivar al año a clínicas privadas un total de 800 interrupciones voluntarias del embarazo y, para ello, abrió un proceso de licitación por valor de 1,3 millones de euros durante tres años. Sin embargo, dos meses después ha tenido que declararlo desierto al no presentarse ninguna oferta.

Por cada interrupción voluntaria del embarazo por métodos farmacológicos Sanidade pagará 350 euros, pero si hay intervención quirúrgica ascenderá a 570 euros, unas cuantías que no han resultado atractivas para los centros sanitarios privados.

Tras quedar desierto el contrato, se abren varias opciones. El artículo 168 de la ley de contratos del sector público de 2017 permite recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que se podría pactar el contrato y su precio con una empresa privada sin hacer convocatoria pública. También se podría volver a sacar a licitación el servicio cambiando alguna condición para favorecer que alguna clínica se presente.

Consultada por Europa Press sobre los próximos pasos a dar, la Consellería de Sanidade enmarca dentro de lo habitual la declaración de un concurso desierto y explica que la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria “está evaluando” propuestas sobre cómo dar continuidad a las interrupciones voluntarias del embarazo, lo cual “se decidirá en un futuro”.

Sanidade defiende el proceso de contratación de acuerdo con la ley del año 2017 e insiste en que “continuará garantizando esta prestación a cualquier mujer” en Galicia, “cuando así lo necesite”.

Derivaciones

La Consellería de Sanidade lleva derivando a clínicas privadas un 35 por ciento de los abortos que se practican en Galicia. Pero hasta ahora lo hacía contratando directamente el servicio con los centros sanitarios mediante “autorizaciones de uso”. El Consello de Contas llegó a recriminar a Sanidade el uso “indiscriminado” de estos contratos a dedo, una figura que además no se adecua a la ley. Por esta razón, tras el tirón de orejas del órgano consultivo, Sanidade decidió ajustarse a la Ley de Contratos y sacar a concurso la prestación de este servicio.

El Sergas argumenta que necesita recurrir a la contratación de la práctica de abortos en la sanidad privada por el “incremento y continuidad” de las interrupciones voluntarias del embarazo, así como por la “falta de recursos, tanto materiales como humanos suficientes que le permitan realizar la prestación a todas aquellas mujeres que lo necesiten”. También se aludía a que los facultativos del sistema público tienen el derecho de ejercer la objeción de conciencia”.

La vigencia del contrato que salió a concurso tenía una duración inicial de tres años por un valor estimado de 1.373.910 euros. Si a esto se le añadiesen otros 915.940 euros por eventuales prórrogas –por otros dos años, hasta cinco– y posibles modificaciones por 274.782 euros, el total ascendería a 2.564.632 euros.

El Sergas estima que esta licitación cubriría 805 abortos al año, de los cuales la gran mayoría (801) serían con el empleo de instrumental y otros cuatro, mediante métodos farmacológicos.

Entre los años 2020 y 2022 se practicaron en Galicia un total de 10.515 abortos –una media de 3.500 al año– De todos ellos, el 64,3 por ciento fueron en el Sergas y el 35,6 por ciento en clínicas privadas.