Expertos avisan que viviendas turísticas “no legales” amenazan el mercado inmobiliario gallego

Un informe de la USC urge medidas “decididas” para regular el sector e impedir prácticas que podrían afectar al modelo territorial

Presentación de "A economía de Galicia. Informe 2022", en el Centro de Estudios Avanzados de la USC, ayer, en Santiago.

Presentación de "A economía de Galicia. Informe 2022", en el Centro de Estudios Avanzados de la USC, ayer, en Santiago. / Santi Alvite

Carmen Villar

Carmen Villar

El “notable auge” de las viviendas de uso turístico en Galicia y la existencia de oferta “no legal” exige una regulación. Así lo defiende el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia de la Universidade de Santiago (IDEGA), que advierte que alojamientos de estas características “no legales” ponen en riesgo no solo el mercado inmobilario, sino también, a largo plazo, el tejido social que sustenta la vida urbana en “muchas” ciudades afectadas por el fenómeno.

El análisis se recoge en su estudio “A Economía Galega Informe 2022”, presentado ayer en Santiago, y en el que abordan, como cada año, cómo se encuentra el mercado de trabajo gallego, su campo, su pesca, su industria, la construcción, los servicios y los sectores, financiero, público, exterior y turístico. Respecto a este último, sus autores recogen cómo el importante incremento de viviendas de uso turístico “introduce un elemento de ruptura en el sector”. “La competición de alojamientos legales con otros alegales”, señalan, “demanda medidas de gestión ágiles y decididas que regulen el sector e impidan prácticas que puedan tener consecuencias perversas para el modelo territorial”. A políticos y gestores públicos les urgen “planificar y gestionar el turismo en tiempo real y con claros criterios de sostenibilidad”.

Su diagnóstico enfatiza que la “proliferación” de las viviendas de uso turístico conlleva un “importante desafío” para “muchas ciudades gallegas” ya que, si bien “muchas” se hallan dentro de la oferta turística “de forma legal”, existe, indican, “un mercado de viviendas de uso turístico paralelo no legal que supone una importante amenaza para el mercado inmobiliario y puede amenazar la sostenibilidad urbana”.

Los riesgos de lo "no regulado"

Los autores del trabajo entienden que la multiplicación de estos alojamientos “sin regular” conlleva más efectos “negativos” del turismo (mencionan los ruidos, la expulsión de la población residente local, la turistificación...) y “a largo plazo”, avisan, puede implicar “la destrucción del tejido social local que sustenta la vida urbana”. En concreto, aluden a Santiago, que, dicen, sufre un “estrangulamiento inmobiliario” y en donde una plataforma reúne los mismos anuncios por cada mil habitantes que en Berlín o Londres. Añade que uno de los colectivos que sufre el impacto son los estudiantes, obligados a salir fuera de las ciudades o a viajar desde cada vez más lejos.

Cuando el trabajo pasa revista al sector financiero, advierte que el número de concellos sin oficinas bancarias se incrementó hasta 54 a final del pasado año, “poniendo a más de 67.000 gallegos en riesgo de exclusión financiera”, mientras en el caso de la vivienda la demanda muestra signos “recesivos” a comienzos de este año.

En lo relativo a los servicios, y en el examen a la digitalización, destacan cómo en el comercio “es cada vez más inviable una red de ventas sin plataformas digitales”. De hecho, en estos canales, indican, se triplicó en 2022 el volumen de negocio relacionado con la industria alimentaria por esa vía en relación a 2019.

En cuanto al examen al sector público, los autores del estudio recogen que todavía no se dispone de información oficial sobre el grado de ejecución o destino final de los fondos Next Generation recibidos por Galicia –1.660 millones de euros–, lo que “impide evaluar su eficacia y eficiencia en relación a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Respecto a los concellos, la investigación alude a una “menor capacidad de gasto” que atribuyen, sobre todo, al “ejercicio limitado de su capacidad tributaria”. Los ingresos por tributos propios, argumentan, “solo representan un alrededor del 75% de la media nacional”, lo que asocian a “cierta inhibición fiscal” en el ejercicio de su autonomía y capacidad en materia tributaria.