El Gobierno retrasa la implantación de la nueva selectividad un año, hasta 2025

La selectividad se queda como está, al menos por este curso. El Gobierno central ha decidido aplazar la implantación del nuevo modelo de ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade), una opción en la que han sido determinante encontrarse en funciones y evitar excederse en sus atribuciones, esquivar la “confrontación” con las comunidades que pedían demorar el examen –entre ellas, Galicia– y “rebajar la incertidumbre” de docentes, alumnos y familias, en respuesta a las demandas de autonomías como la gallega, pero también desde los campus universitarios, que advertían de que era inviable lanzarse al nuevo examen con garantías con tanta premura y que los principales perjudicados serían los estudiantes.

Galicia aplaude la decisión, pero pide más. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró tras el Consello que el Ministerio de Educación “entrase en razón”, pero espera ahora que “la crítica prácticamente unánime por parte de todos los sectores lleve al Ministerio a darse cuenta de que el objetivo tiene que ser un examen que iguale a todos los alumnos de España”. Como ya argumentó en varias ocasiones el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, Rueda alega que “tendría todo el sentido” un test “único”, acorde con el funcionamiento del acceso a la educación superior, también de distrito único.

Por el momento, a lo que se ha comprometido el Ejecutivo en funciones es a aplazar la implantación. Les trasladó ayer a las comunidades y a los rectores la moratoria. En un comunicado explica que, si bien el pasado mes de febrero el Ministerio de Educación presentó un borrador del Real Decreto que regulará la prueba de acceso en los próximos años, una modificación que estaba concebida de forma gradual y que se previa comenzar a aplicar en junio de 2024, “ahora se retrasará hasta la aprobación del Real Decreto por parte del nuevo Ejecutivo”.

Un Gobierno en funciones

Precisamente la conformación de ese nuevo Ejecutivo está en el aire y el que se encuentra en funciones no considera tener las atribuciones para sacar adelante un cambio de ese calado. El considerar que “la aprobación de la norma excedería las competencias de un Gobierno en funciones” y “generaría confrontación con las Administraciones autonómicas” es uno de los motivos alegados para mantener el cambio congelado, tal y como se decidió cuando se convocaron las elecciones del pasado 29 de julio. Además, el departamento que dirige en funciones Pilar Alegría asegura que así “atiende la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias”, que alzaron la voz unánimemente para reclamarlo así el pasado mes de mayo, y “rebaja la incertidumbre” de la comunidad educativa. Lo mismo alegó el ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, al ser preguntado al respecto.

No es el primer cambio al que accede el Gobierno, que ya aceptó que la implantación plena del modelo se retrasase un año, a 2028, y renunció a corto plazo a la prueba de madurez.

El sindicato ANPE de Galicia ve “acertada” la decisión del Gobierno, si bien urge también a llevar a cabo una “reforma en profundidad” de la prueba en la misma dirección que reclama la Administración gallega: un “sistema unificado en todo el Estado. Aboga asimismo por que esa modificación se realice de forma “consensuada, serena y sin precipitaciones”.

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