Inspecciones y multas reducen los vertidos tóxicos a las rías más de un 20% en cinco años

En un lustro, los focos contaminantes pasaron de 310 a 238 | Son el 14% de los detectados por la Xunta; eran el 21% en 2017

Un vertido en Aldán.

Un vertido en Aldán. / R. Prieto

Las campañas de inspección, el endurecimiento de las sanciones, el control de los puntos de vertidos autorizados y la mayor concienciación que deriva en cada vez más alertas al 112 han permitido reducir en los últimos años los focos contaminantes que amenazan las rías gallegas. De los 310 puntos tóxicos detectados hace un lustro en las zonas pesqueras y marisqueras de la comunidad se pasó a 238 el año pasado, lo que supone un descenso del 23%. Aunque todavía queda camino por recorrer para que Galicia tenga sus aguas completamente saneadas , el mayor control por parte de la Xunta ha puesto freno a los residuos contaminantes generados por empresas, ayuntamientos y particulares, tal y como revelan los informes de Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Infraestruturas. Si hace cinco años estos vertidos tóxicos representaban casi el 21% del total de focos detectados en las 18 rías gallegas, al cierre de 2022 sumaban el 13,8%, casi la mitad.

Los vertidos de carácter doméstico-urbano, de industrias o causados por deficiencias en las redes de saneamiento, conexiones erróneas en las canalizaciones o carencias en los sistemas de depuración están detrás de los 1.721 puntos inventariados el año pasado por Augas de Galicia en las 18 rías gallegas. O lo que es lo mismo, el organismo autonómico identificó cada día una media de 4,7 puntos de polución en las ensenadas de la comunidad.

Como consecuencia de un mayor control, pero también del aumento de la población de determinadas áreas y también de una mayor actividad industrial y portuaria, han ido a más el número de vertidos localizados en las rías de la comunidad. En concreto se pasó de 1.494 puntos inventariados hace cinco años a 1.721 el ejercicio pasado, un 15% más. Por el contrario, los contaminantes se redujeron más de un 20%. De los más de 1.700 focos detectados en las ensenadas gallegas, el 85% resultaron no ser contaminantes o fueron subsanados por Augas de Galicia, 12 puntos por encima de la tasa registrada hace un lustro.

La intervención de Augas de Galicia el año pasado permitió neutralizar 633 focos –el 37% de todos los identificados– un volumen que supone casi un 4% más que el ejercicio anterior pero un 30% más que hace un lustro. En más de la mitad de los vertidos detectados en 2022 en las rías gallegas se cumplían los límites de carga fijados por ley. En concreto en 830. En los casi 1.500 kilómetros que dibujan la costa de Galicia, la ría que cerró 2022 con más vertidos contaminantes fue la de Arousa (56 de los 474 inventariados), seguida de la de Muros-Noia (49 de 178 catalogados), Ferrol (27 de un total de 144 detectados), Pontevedra (24 de 173) y Vigo (21). La de A Coruña, entre las que menos focos tóxicos soportó (3 de 133 identificados).

Sanciones de hasta dos millones

El endurecimiento de las sanciones para quienes atenten contra la naturaleza surte efecto. A golpe de multas, empresas, administraciones y particulares actúan con más precaución y cautela ante cualquier actuación que ponga en peligro el medio ambiente. Fue en 2019 cuando la Xunta elevó el catálogo de sanciones en esta materia en la nueva Lei do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia. En la anterior normativa, databa de 2001, con Manuel Fraga como presidente del Ejecutivo autonómico, la multa máxima por infracción muy grave contra la naturaleza estaba fijada en 300.000 euros, pero desde hace cuatro años puede llegar a los dos millones. Este desembolso afecta a aquellos daños que puedan ocasionar empresas solventes sobre el patrimonio medioambiental. Las multas se establecen en función de la gravedad y también de la reincidencia de las infracciones cometidas. Para los casos de vertidos leves, las sanciones parten de los 300 euros hasta los 30.000. Pero cantidades mucho más abultadas se han fijado para las infracciones tipificadas como muy graves, que parten de los 200.000 euros pero que pueden alcanzar los dos millones. Para valorar la gravedad de la infracción se tiene en cuenta la magnitud del riesgo, la intencionalidad, el beneficio ilícitamente obtenido y que los daños sean irreversibles.

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