Galicia aprueba la ley del litoral mirando al resultado del 23-J

Para que la Xunta pueda ejercer las nuevas funciones de gestión integral de la costa, el Estado tiene que aceptar la norma gallega y transferir medios humanos y económicos

Alfonso Rueda, en el centro, con alcaldes, representantes de cofradías y del sector mar-industria que siguieron, desde la tribuna de invitados, la tramitación de la ley.

Alfonso Rueda, en el centro, con alcaldes, representantes de cofradías y del sector mar-industria que siguieron, desde la tribuna de invitados, la tramitación de la ley. / XOÁN ÁLVAREZ

X. A. Taboada

X. A. Taboada

El Parlamento gallego aprobó este martes de forma definitiva una de las leyes más relevantes de las últimas legislaturas, la que atribuye a Galicia las competencias –actualmente en manos del Estado– sobre la gestión integral del litoral y que le permitirá regular los usos en primera línea de mar, diseñar su planeamiento y decidir sobre las autorizaciones, prórrogas y concesiones de las actividades e instalaciones asentadas en la costa. Pero eso será en el futuro, más o menos inmediato, porque para que la asunción de estas funciones sea efectiva y la Xunta las pueda ejercer de pleno, primero es necesario que el Estado acepte la ley, acceda a transferirle las competencias y los medios, tanto personales como económicos, y apruebe un real decreto de conformidad con el traspaso.

La ley se aprobó con solo los votos del PP, pues BNG y PSOE se abstuvieron debido a la fórmula elegida para la tramitación –por la vía de urgencia–, al entender que los populares solo buscaban sacar réditos electorales ante el 23-J y porque tal como se redactó no va a suponer que Galicia pueda ejercer las competencias aunque la norma entre en vigor.

Negociación con el Estado

Para que la comunidad pueda aplicarla plenamente, la Xunta tiene ahora que solicitar al Gobierno central la apertura de la Comisión Mixta de Transferencias, iniciar una negociación y conseguir que el Estado acepte traspasar las funciones, el personal y recursos económicos, teniendo que quedar todo ello recogido en un real decreto, tal como indicó el diputado del PP Alberto Pazos, encargado de defender la ley.

Hasta ahora, con el PSOE en el Gobierno, el Estado se negó a transferir estas competencias, pues entendía que Galicia no podía asumir la gestión del litoral mientras no modificara su Estatuto de Autonomía. Es más, el Ejecutivo central llegó a calificar la ley como una “especie de declaración de independencia”.

Sin embargo, la Xunta discrepa frontalmente de esta apreciación y, convencida de que el marco jurídico actual ampara su demanda, siguió adelante con el desafío que culminó este martes con la aprobación del texto legal en un pleno del Parlamento en cuya tribuna de invitados figuraban alcaldes y representantes de las cofradías, de las universidades que participaron en la elaboración de la norma y del sector mar-industria.

Serán las elecciones del 23 de julio las que marquen el recorrido de la ley gallega. Si el PP puede formar gobierno, la Xunta da por sentado que no habrá problema alguno en entregar a Galicia las competencias sobre el litoral. De no ser así, el futuro de la norma es más incierto.

“Interpretación restrictiva”

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, expresó su confianza en que el traspaso de los medios por parte del Estado se haga efectiva de forma ágil. “No nos pueden impedir tener los medios que le pertenecen a Galicia. No hay excusa posible”, zanjó en los pasillos del Parlamento.

“No nos pueden impedir tener los medios que le pertenecen a Galicia”

Ángeles Vázquez

— Vicepresidenta de la Xunta

Denunció la parálisis del litoral gallego y que las empresas habían dejado hace tiempo de invertir en la comunidad ante la “interpretación restrictiva” que hace el Estado sobre las prórrogas y autorizaciones de actividades en la costa.

Antes, la número tres del Gobierno gallego tomó la palabra desde el hemiciclo para subrayar la importancia de una nueva ley “trascendental” para los intereses de Galicia porque “protege y garantiza” su “futuro” desde la gestión de sus recursos y aportando seguridad jurídica para su “medio ambiente”, “habitantes” y las “actividades” que se desarrollan en su costa.

“Es una oportunidad perdida, ya que aporta más ruido que soluciones”

Alexandra Fernández

— Portavoz del Bloque

Los nacionalistas, a través de la diputada Alexandra Fernández, calificaron de “oportunidad perdida” la normativa, ya que consideran que aporta “más ruido que soluciones” por su “indefinición” en asuntos importantes para la asunción de las competencias. “Galicia no podrá gestionar su litoral sin tener antes la transferencia de los servicios y los medios”, denunció la parlamentaria, motivo por el cual el BNG presentó una proposición de ley para corregir esta disfunción que fue rechazada por el PP.

La costa como “decorado”

“Hicimos todo lo posible para empujar a este Gobierno a que asumiese competencias en el litoral. Porque allí, en Madrid, piensan el litoral como un decorado de Verano Azul por el que se pasean descalzos, como una prolongación veraniega de Madrid”, censuró Fernández.

El PSdeG había anunciado que apoyaría la ley del litoral, pero rectificó su postura por el cambio en el proceso de tramitación de la normativa y acudir a la vía de urgencia, con lo que el proceso de debate para mejorar la ley se redujo a un único día. “El PSOE ofreció mano tendida, pero se encontró con las puertas cerradas de la Xunta y del PP”, recriminó Patricia Otero.

“El PSOE ofreció mano tendida, pero la Xunta y el PP le cerraron la puerta”

Patricia Otero

— Portavoz del PSOE

Para los socialistas, el recurso a la vía de urgencia se produjo con el objeto de que el texto estuviese listo antes de las elecciones y tratar de canalizar réditos en las urnas por su aprobación. Estas “prisas”, como las calificó Otero, derivaron en que “sólo hubiese un día de trabajo en ponencia”, algo que tachó de “increíble”, especialmente si se tiene en cuenta que en los últimos 14 de años de gobiernos del PP en Galicia se lograron “cero transferencias”.