Solo se consigue detener al 8% de las personas que causan incendios forestales

A pie de pistas y con drones y cámaras, la vigilancia es clave para disuadir a los incendiarios que aprovechan la casi misión imposible de pillarles infraganti o de armar una causa que les lleva al banquillo. La falta de testigos y las pruebas que se las llevan las llamas dejan impunes más del 90% de los incendios que carbonizan cada año más superficie agraria y forestal. Ante un delito tan complejo como este, las fuerzas y cuerpos de seguridad solo logran detener al 8% de quienes prenden fuego al monte en Galicia, según el análisis de la memoria de 2022 de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Xunta (UPA), dependiente de la Consellería de Presidencia.

Pese al refuerzo de los equipos de prevención y extinción, tanto en efectivos como en medios tecnológicos, la lacra de los bosques gallegos devora cada año miles de hectáreas. El año pasado los bosques de la comunidad soportaron el peor saldo de la última década, con una media de más de 30 hectáreas por incendio. Fueron un total de 2.039 los fuegos registrados en 2022 en Galicia, lo que se traduce en una media cuarenta cada semana, un 72% más que los casi 1.200 contabilizados un año antes.

Casuística

La mano del hombre está detrás de la mayoría de las llamas. El 65% de los incendios forestales registrados el año pasado (1.323) fueron intencionados y un 6,7% (136) fruto de una negligencia –escape de quemas, quemas de pastos, trabajos de maquinaria agrícola o con soldadura o con otra maquinaria en construcción o mantenimiento de vías de comunicación, fuegos pirotécnicos, trabajos de apicultura o barbacoas–.

Por causas naturales como la caída de rayos fueron 172 (8,44%) y los 408 restantes (20%) debido a reproducciones de otros ya extinguidos, causados por líneas eléctricas, trenes o causas desconocidas.

Pero la lista de incendiarios detenidos en comparación a la larga lista de intervenciones para frenar las llamas es reducida. Fueron casi 1.500 los fuegos provocados el año pasado en Galicia, bien de manera intencionada o por escapes. Pero tan solo fueron arrestados o investigados un total de 117 personas –52 por agentes de la Policía Autonómica y 65 por otros cuerpos policiales–, lo que se traduce en una tasa de impunidad del 92%, según datos de la memoria de la UPA.

Pero dentro de las detenciones practicadas, el grueso son por los incendios debidos a una negligencia, casi un 80% en el caso de las investigaciones de la UPA y poco más del 21% en el caso de los fuegos intencionados. En este caso, si tan solo se tienen en cuenta los incendios que son provocados con una clara intencionalidad, el índice de arrestos llevados a cabo se queda en el 2%.

Motivaciones

Las motivaciones que esconden los fuegos intencionados pasan por la piromanía, el alcoholismo, cambios de uso de suelo o de cultivo, limpieza del monte para caza o para ahuyentar a animales que causan daños en las plantaciones, la delimitación de fincas o la expropiación para vías de comunicación, así como repartición de herencias, conflictos entre vecinos o familiares, venganzas y también forzar puestos de trabajo en la extinción de incendios o protestar por las limitaciones y restricciones de actividades de los espacios naturales.

A lo largo del año pasado, la Policía Autonómica destinó al 60% de sus efectivos a la investigación de incendios. En la actualidad, la UPA cuenta con apenas 360 agentes en un catálogo de puestos de trabajo fijado en 500 y dedicados a estos delitos contra el medio ambiente hubo un total de 232 efectivos.

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