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El Supremo abre la puerta a que hosteleros recuperen hasta 27 millones por el COVID

Una sentencia establece que el cierre durante el estado de alarma en 2020 se descuente del IAE pagado a los ayuntamientos. En Galicia bajaron la persiana otro mes más

Bares cerrados en la Praza da Constitución de Vigo durante la pandemia

Bares cerrados en la Praza da Constitución de Vigo durante la pandemia / JOSE LORES

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Dueños de bares, cafeterías, discotecas, pubs y negocios similares podrían recuperar hasta 27 millones de euros en impuestos pagados a los concellos en que se ubican durante el año 2020, marcado por la irrupción de la pandemia de COVID-19. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia para que las entidades locales descuenten a esas empresas la parte proporcional del impuesto de actividades económicas (IAE) al tiempo que estuvieron con la persiana bajada durante ese ejercicio, que en Galicia ascendió a cuatro meses: tres derivados del propio confinamiento del estado de alarma y otro mes al final del ejercicio que la Xunta decidió para contener una nueva ola de contagios, clausura limitada a 60 ayuntamientos en este caso.

El Alto Tribunal reveló el martes dos sentencias del pasado 30 de mayo que las empresas dedicadas a la hostelería y restauración que se vieron obligadas a paralizar su actividad en el año 2020 tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de ese año podrían “beneficiarse de una reducción en la cuota del impuesto sobre actividades económicas que exigen los ayuntamientos proporcional al tiempo que sufrieron esa paralización total”.

Esa decisión abre la puerta un sinfín de reclamaciones que deberán presentarse una por una para que la justicia estime el dinero que cada hostelero puede reclamar, al tiempo que da motivos para extender esa propuesta no solo a los tres meses del estado de alarma sino al mes adicional que Galicia obligó a cerrar la persiana en noviembre como medida para frenar los contagios.

Durante ese período, se permitió la entrega de comida a domicilio o recogida en local, si bien muchos establecimientos carecían de medios para ofrecer esos servicios o simplemente estaban fuera de su oferta, caso de las pequeñas cafeterías que no dispensan comida.

Esos cuatro meses de cierre en Galicia suponen un tercio de un ejercicio en el que los ayuntamientos gallegos sumaron 79,4 millones de euros de derechos reconocidos del IAE, según el Ministerio de Hacienda. De esa cifra, 27 corresponden a los concellos de Pontevedra, 32,6 a los de A Coruña, 13 a los de Lugo y 6,6 a los de Ourense. En el caso de empresas con varias sedes, el IAE debe pagarse en la delegación provincial de la Agencia Tributaria (si se opera en varios concellos de la misma provincia) o a nivel estatal si están en más de una provincia.

Los citados fallos judiciales, que tumban recursos del ayuntamiento de Valencia, establecen dos elementos clave a la hora de la previsible cascada de reclamaciones por parte del sector. En primer lugar, justifican la devolución proporcional del IAE pagado por el régimen de paralización de industrias contemplado en el Real Decreto 1175/1990, que “supone una rebaja de la parte proporcional de la cuota, según el tiempo en que la empresa o actividad hubiera dejado de funcionar”. En segundo, declaran que “no es preciso ni probar en particular la paralización o cierre de la empresa, ni poner en conocimiento de la Administración tal circunstancia, pues ambas derivan directamente de la ley, que las impone como consecuencia de las medidas sanitarias”.

Por el momento, las reclamaciones sobre esta cuestión se habían producido con cuentagotas. En A Coruña, por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo decidió el año pasado que el municipio herculino debía devolver 8.324 euros a la empresa que explota el Palacio de la Ópera por el cierre durante la pandemia. Ese año, había pagado 26.652 euros por el IAE.

Ahora queda por determinar si los cierres parciales de actividad –limitados a venta a domicilio, con la consiguiente caída de la facturación– pueden acogerse a este supuesto y exigir a sus concellos la devolución de una parte del IAE.

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