“Son contratos que tienen una apariencia muy suculenta en cuanto al sueldo para retener el talento. Pero lo que aparecía en el BOE y lo que percibo no tiene nada que ver”, sentencia uno de los doctores especializados en Biología Vegetal contratados por la Universidade de Vigo (su trabajo permitirá crear herbicidas respetuosos con el medio ambiente y estimulantes para el cultivo capaces de adaptarse al cambio climático). El investigador asegura que la universidad está pagando la cuota patronal con parte del dinero que debería ir destinado a su sueldo(recibe un 42,86% menos). “Yo soy una de las afectadas” de los cerca de 130 que hay en Galicia, afirma otra doctora en Sociología de la Universidade da Coruña.
La huida de cerebros sigue siendo un problema para España que sin personal altamente cualificado no puede llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo que garanticen la competitividad del país. Consciente de la sangría que provoca la captación de estos profesionales por parte de otros países, el Ministerio de Universidades puso en marcha tres programas con los que pretendía la “recualificación del sistema universitario”: Margarita Salas (para la formación de jóvenes doctores), María Zambrano (para atraer el talento internacional) y otro para complementar la formación del profesorado. Y se habilitaba un instrumento para la obtención de subvenciones por parte de las universidades públicas, bajo la modalidad de “concesión directa” con carácter anticipado a cada una de las anualidades (2021- 2023) “por concurrir razones de interés público, económico y social”, dice el Real Decreto que las regula. Las universidades de Santiago (USC), Vigo (UVigo) y A Coruña (UDC) recibieron en conjunto 19,4 millones de euros.
Universidades aplauden el fin de los contratos temporales pero reclaman más presupuesto
Las “unis” siguen instrucciones
La normativa no especifica la modalidad de contrato, dejando libertad a los centros universitarios para determinar las condiciones de su personal investigador. Los afectados denuncian que el pagador es la universidad y como tal debería hacerse cargo del abono de la Seguridad Social. Pero las universidades estarían cargando esta cuota patronal “sobre el montante total de las ayudas” recibidas del Ministerio, según indica la reclamación que la Asociación Asamblea de Investigadoras de Compostela (AIC) presentó ante la USC.
La USC aclara que ha ejecutado los fondos destinados a la convocatoria “siguiendo las instrucciones recibidas desde la Secretaría General de Universidades”. “En nuestro caso, la diferencia sustancial es que en la convocatoria, además de la cifra trasladada por el Ministerio, detallamos la retribución final una vez detraídos los costes sociales por lo que toda persona solicitante conocía, desde la propia convocatoria, las condiciones económicas de los contratos”, explican desde el rectorado, y añaden: “Acataremos las posibles decisiones que se tomen y solicitaremos la cobertura económica pertinente al ente ministerial”.
El representante de UGT, Benjamín Rey, explica que el problema es que “el documento ministerial es muy abierto, así que deja a la interpretación la cuestión de los costes sociales. Lo que hacen las universidades no es ilegal, es alegal”.