Las universidades de Santiago y Vigo aplauden el “cambio radical de filosofía con respecto a la contratación” que implica la recién aprobada Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y que salvó esta semana en el Congreso su último trámite parlamentario. El gerente de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Javier Ferreira; y la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidade de Vigo, Belén Rubio, coinciden en una valoración global positiva de la nueva norma –que supone el fin de los contratos de obra en el ámbito de la investigación, entre otras novedades– y “que supuso un gran impacto” en los campus. La UVigo fue ‘madrugadora’ y el pasado mes de junio aprobó en Consello de Goberno una nueva normativa para la contratación de personal investigador mediante la modalidad indefinida vinculado a líneas de investigación –y no a proyectos de investigación–. “Hasta la fecha, ya hemos aprobado más de 60 líneas de investigación y sus contratos indefinidos vinculados a las mismas en la UVigo”, detalla Belén Rubio.
No obstante, también ambos responsables universitarios lamentan que la ley no aborda en toda su dimensión un problema: la temporalidad de los contratos, en la mayor parte de casos, viene condicionada por la temporalidad de la financiación y la duración de los proyectos de investigación. “Al final, hay un problema de financiación, que sigue siendo insuficiente”, coinciden.
“Esto es algo que se viene denunciando y que la ley no ataja. Pone algún remedio, algún parche, pero no lo soluciona totalmente. Además, hay que tener en cuenta que en el ámbito de la ciencia la movilidad geográfica, en ocasiones, condiciona también la temporalidad de los contratos; cuestión que tampoco aborda claramente esta reforma de la ley. Por lo tanto, en términos generales, es positiva la eliminación de la temporalidad en el ámbito de la ciencia pero esta modificación debería ir aparejada de una reforma estructural y profunda del sistema de financiación”, reflexiona Javier Ferreira.
Sin embargo, entre las ventajas de los contratos indefinidos la vicerrectora de la UVigo considera que, primero, no están sujetos a los límites de la oferta pública de empleo ni a la tasa de reposición, y, segundo, hay una mayor garantía relativa para el personal contratado, por lo que, en caso de que se agote la financiación (y el contrato) estaría sujeto a una mayor indemnización y podría también tener derecho a trienios. “Para las universidades, también supone una mayor comodidad porque en caso de que la línea de investigación persista y esté alimentada por fondos de proyectos de diversas convocatorias, los contratos tendrán continuidad y se irán addendado con las sucesivas financiaciones obtenidas por el personal investigador, sin necesidad de hacer un nuevo contrato como se venía haciendo hasta ahora”, explica Rubio.
En suma, tal y como destacó la propia ministra Diana Morant, se hará más atractiva la carrera investigadora, hasta ahora bastante denostada, dada su precariedad e interrupciones en la contratación.
¿Qué otras novedades hay en lo que ahora se ha aprobado? En que se ha rechazado definitivamente establecer nuevos límites para la contratación indefinida de investigadores cuando sus contratos estén asociados de forma directa a fondos europeos. “Esto generaba una desigualdad en los grupos de investigación, entre el personal investigador contratado por distintos tipos de proyectos, y es precisamente lo que se ha modificado o corregido ahora con una nueva Disposición Adicional Décima”, ratifica Belén Rubio. “Si bien, no todo son ventajas, y desde el punto de vista de las instituciones, al tener que hacer contratos indefinidos, por ejemplo, a investigadores postdoctorales, tal es el caso de una ERC grant que dura cinco años, se duplica el coste de la indemnización con respecto a un contrato de duración determinada, vinculado a la ayuda competitiva. El problema es que este coste no es posible afrontarlo con la financiación de las ayudas europeas, lo que repercute en la limitada economía de la institución”, completa la vicerrectora. De nuevo, salen a relucir los problemas de financiación.
“Previsiblemente, en el mes de septiembre habrá convocatorias de la USC en las que ya echaremos mano de este contrato indefinido científico-técnico”, avanza Javier Ferreira. “Lo haremos con la esperanza de que los entes financiadores que prevé la propia Ley de la Ciencia, la administración estatal y autonómica, sean sensibles la esta reforma normativa y que la financiación –obviamente contrastando con los resultados que, en el caso de la USC son positivos–, garantice una cierta estabilidad que permita la continuidad de esas personas contratada”, añade. “No hay que olvidar que esa modalidad contractual permite su extinción se finaliza la financiación, con la correspondiente indemnización, por supuesto”, indica.
“Si no cambia la financiación, las universidades vamos a tener problemas. Nosotros confiamos en ir avanzando para que pueda existir una cierta financiación basal, hay una buena receptividad en la administración autonómica [...] y, parece que el Estado también va a apostar por esa estructuración de la financiación, pero no sabemos muy bien en que términos”, concluye el gerente de la USC.
En el apartado más positivo, la vicerrectora de la UVigo, Belén Rubio añade la necesidad que existía en el marco universitario de esta reforma “basada en el Pacto por la Ciencia y la Innovación, asegura una mayor financiación pública de I+D con el objetivo de alcanzar un 1,25% del PIB en el año 2030 [...] Podríamos decir que mejora algo la situación española en inversión en I+D+i”.
