Las sanciones graves por no identificar o por descuidar animales se disparan un 76%

Esta semana el pleno del Senado debatirá la ley estatal de Bienestar animal después de que el texto que llegó del Congreso superase el primer trámite en la Cámara Alta sin modificaciones. Pero en Galicia existe ya desde 2018 una normativa autonómica para garantizar la protección y el bienestar de las mascotas domésticas que obliga a sus dueños, entre otros deberes, a facilitarle un entorno libre de estrés y sufrimiento, a suministrarles cuidados y alimentos, a facilitarles un alojamiento cómo y seguro, en buenas condiciones de limpieza y sanitarias, o a identificarlos.

En concreto, la identificación de los perros en Galicia es obligatoria “sin excepción”. La ley autonómica de Benestar animal lo refleja expresamente. Que el can no lleve microchip puede suponer un mínimo de 501 euros porque se trata de una omisión que está tipificada como grave. Aun así, no todos los gallegos siguen al pie de la letra la legislación y esa infracción es una de las principales razones detrás de las numerosas multas que impone la Xunta cada año. Solo durante el pasado ejercicio, la Consellería de Medio Ambiente tramitó más de un expediente sancionador al día por saltarse algún aspecto de la legislación y casi todos acabaron en sanciones, la mayoría de ellas graves, que empiezan en 501 euros, pero incluso pueden llegar a los 5.000.

Sanciones graves

Los datos facilitados por el Ejecutivo gallego apuntan que el pasado año los propietarios de animales fueron especialmente descuidados en sus obligaciones, al menos si se comparan los expedientes resueltos con sanción con los del ejercicio anterior. En particular, se dispararon las infracciones a las que la ley otorga carácter grave, que aumentaron un 76 por ciento: en 2022 se impusieron un total de 208, noventa más que durante el año previo. Pero igualmente fueron a más las leves, que se incrementaron de 129 a 146.

El departamento que dirige Ángeles Vázquez solo da cuenta, en cambio, de una sanción muy grave en todo el pasado año; en 2021 habían sido dos. En esas situaciones extremas, los castigos al bolsillo del infractor pueden llegar a los 30.000 euros y suponer, pero no siempre, la retirada de los animales o la inhabilitación para tenerlos. El pasado año no se llegó a estas medidas, pero en 2021 sí se produjo un comiso.

Si se considera todo el lustro que lleva en vigor la ley gallega, las sanciones impuestas rozan las 1.400.

Las principales causas

Las infracciones que más se repiten en materia de bienestar y protección de mascotas, con arreglo a la normativa gallega, serían, como desgranan desde Medio Ambiente, la falta de documentación de los perros –sea del microchip de identificación, lo que se considera grave, o del pasaporte sanitario, que se recoge como leve–, las “deficientes” condiciones higiénico-sanitarias de los animales –en esos casos, el abanico de infracciones puede ir de leve a grave o a muy grave en función de cómo sean las lesiones, daños o sufrimiento de las mascotas o de las instalaciones que los albergan (leve) y, finalmente, la falta de control de los animales, es decir, dejarlos sueltos y sin control en espacios públicos –también leve–.

La cuantía de las sanciones, detallan desde la Xunta, va en ascenso en función de la cifra de animales afectados y de su estado higiénico y sanitario.

Si bien la inmensa mayoría de expedientes de infracción prosperan, algunos se quedan por el camino. En 2022, junto a los que finalizaron en 146 sanciones leves, 208 graves y una muy grave, constan otros 16 que fueron archivados –15 de ellos por caducidad– y otros 13 que fueron sobreseídos. Los primeros se refieren a que, por la causa que sea, el expediente no prosperó, a veces por fallecimiento del denunciado, mientras el segundo implica que no se pudo apreciar la existencia de responsabilidad del dueño o que la instrucción fue errónea.

“Los animales son seres sintientes, no lo digo yo, lo dice el Código Civil”

Censo de mascotas

Aunque hay dueños que incumplen su obligación de identificar a sus mascotas, el censo oficial engrosó sus cifras desde que en 2018 se penaliza a quienes se saltan ese requisito. Desde entonces hasta ahora aumentó un 52 por ciento y, de hecho, muestran cómo Galicia tiene el doble de perros, los principales anotados, que de población menor de 18 años. La cifra alcanza ya los 731.337 animales de compañía registrados, de los que unos 21.000 son perros potencialmente peligrosos, casi seis mil más que cuando la ley entró en vigor hace un lustro. Sus dueños tienen que cumplir todavía más requisitos y el año pasado la Xunta les impuso 271 sanciones.

Suscríbete para seguir leyendo