La Xunta adelantará el ascenso de los médicos que formen a MIR desde mayo

"Tenemos un problema importante de tutores, sobre todo para Primaria", ha asegurado Comesaña | El conselleiro advierte que “de nada sirven” estas medidas si falla el sistema de elección de plazas para residentes

Carmen Villar

Carmen Villar

Si hace una semana el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacaba que Galicia es la comunidad que más aumenta la oferta de formación MIR este año, hasta llegar a 620 plazas, este jueves, tras el Consello de la Xunta, detallaba cómo va a intentar conseguir que más médicos se animen a formar residentes y retener a quienes ya lo hacen. Para “mantener y mejorar” las cifras de quienes se dedican a funciones docentes, el Ejecutivo autonómico ha fijado incentivos, como mayor puntuación en baremos o acortando los tiempos en la carrera profesional, y la previsión es poder aplicarlos desde mayo.

Así lo indicó el responsable de Sanidade, quien precisó que los incentivos se recogen en el decreto de formación sanitaria especializada que ha recibido luz verde del Consello de la Xunta y que pasará al Consultivo con la intención de aplicarlo de cara a la incorporación de la nueva promoción de residentes.

García Comesaña explicó que Galicia cuenta con unos 900 tutores, 350 en medicina familiar y comunitaria, y “muchos” están próximos a su jubilación, pese a lo cual al Sergas le gustaría seguir contando con su experiencia. Además, la Xunta quiere “promover” que más profesionales se “comprometan” con la formación de nuevos residentes. Para ello establece “atractivos”, desde acortar el tiempo para alcanzar los grados de la carrera profesional, que conlleva mayores retribuciones, a una puntuación adicional en baremos en traslado u oposiciones o reservarles plazas específicas en centros que están acreditados.

La idea es que estos incentivos se puedan aplicar en mayo, cuando llegue a hospitales y centros de salud gallegos la que será, dijo Comesaña, “la mayor promoción de residentes de toda la historia de Galicia”. La comunidad oferta 620 plazas, incluidas 207 de familia, todas las que tiene acreditadas. Y se podría, además, reclamó el conselleiro, “flexibilizar” la acreditación de centros porque ahora solo se puede formar a especialistas en medicina familiar en 100 de los 464 centros de salud de Galicia.

El conselleiro insistió en que el “principal” problema de la sanidad en España es la falta de médicos y que está en manos del Gobierno el facilitar la acreditación de más centros, entre otras medidas, o mejorar el sistema de elección. Al respecto, cree que “de nada va a servir incrementar plazas y conseguir tutores como estamos tratando de hacer con este decreto si después en el modelo de elección que tienen los graduados en Medicina no tienen información necesaria para escoger las plazas”. Recalcó que ahí reside el “problema” de que queden vacantes y no en las características de las plazas, dado que Cataluña, que hizo un esfuerzo “muy grande” en retribución, fue la comunidad donde quedaron más huecos.

En la reunión de este jueves del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Comesaña dio la “bienvenida” a los fondos que el Gobierno destinará a Galicia en su Plan de infraestructuras, 37 millones, pero reiteró que “ni nuevas infraestructuras ni nuevo equipamiento podrán resolver el principal problema” de la sanidad pública, la falta de especialistas.

Autónomos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de otros acuerdos del Consello, como la ampliación del crédito para las ayudas del programa Impacto Autónomo hasta los 35 millones para compensar la suba de costes de unos 30.000 profesionales con entre 800 y 1.500 euros; el incremento de la partida para el programa de respiro familiar o 4 millones para fomentar la plantación de castaños. Asimismo, el Consello ha dado luz verde a renovar el encargo a la empresa pública Seaga para retirar los nidos de velutina. Este año se sumaron cinco municipios, por lo que el plan de vigilancia ya tiene 311 concellos adheridos, casi todos.

Rueda explicó, a preguntas de periodistas, que la Xunta eliminará la cita previa obligatoria “residual” que quedaba en dos o tres de sus oficinas y expresó su deseo de que otra administraciones “hagan lo mismo”.

Un plan para hacer carreteras con 2.500 millones de inversión

Mejorar las conexiones de Galicia con las comunidades limítrofes y Portugal; completar las conexiones con los principales nodos del transporte público; mejorar los accesos a poblaciones, sobre todo, ciudades; o seguir extendiendo la red de alta capacidad son algunos de los objetivos del Plan director de estradas, la “hoja de ruta” que busca “mejorar la red viaria, garantizar su conservación y reforzar su seguridad” de cara a 2025. Estará dotado con 2.500 millones de euros, según informó Alfonso Rueda, y el Consello de la Xunta aprobó iniciar este jueves su tramitación.

Sobre otra infraestructura clave para Galicia, la A-6, se pronunció el mandatario para reprobar la actitud del Gobierno central en relación al derrumbe del viaducto de O Castro y para exigir “información” completa sobre las causas –que, dice, “no se conocen porque no se explicaron”– y que se “escuche” a la administración y otros implicados, como los transportistas, para articular las soluciones, que deben avanzar “con celeridad”. “Pido información. Pido que se nos escuche y pido que la reparación de esta obra se tome con la misma celeridad y el mismo interés que si la infraestructura se hubiera derribado en otros sitios de España que ustedes tienen en la cabeza”, advirtió en respuesta a la prensa.

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Antes de que finalice la primavera, el Consello de la Xunta cuenta con aprobar el proyecto de ley de ordenación del litoral. Así lo avanzó también el presidente, Alfonso Rueda, quien indicó que en la reunión semanal de su gabinete repasaron las 84 alegaciones que recibió en su fase de exposición pública una normativa con la que aspiran a convertir en Galicia en la primera comunidad en regular el litoral y que pretende, enfatiza la Xunta, “garantizar” el autogobierno pleno sobre la franja costera.

Una de esas alegaciones, según explicó, procede de la Secretaría de Estado de Medio ambiente. “No es un examen de su articulado, sino una disquisición general de la falta de capacidad de la Xunta para hacer esta ley”, incidió, en línea con lo ya trasladado desde el Gobierno hasta ahora.

Frente a esta postura, defendió que las alegaciones trasladan “un consenso generalizado” sobre que es “necesario” dotar a Galicia de una norma adaptada a su territorio. Citó ejemplos de otras alegaciones realizadas por empresarios, federaciones deportivas, partidos o concellos. Entre estos mencionó el caso de Vigo, que pide previsiones sobre eólica marina. El BNG en concreto reclama un canon por explotar el dominio público marítimo-terrestre.

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