La Xunta presentó ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid un escrito para sumarse a la demanda de la Abogacía del Estado para reclamar a la familia Franco la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), tanto procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.
Según asegura en un comunicado, con esta decisión la Xunta “refuerza la postura que lleva manteniendo desde el inicio del proceso” y apoya “la unidad de acción” con el resto de administraciones –también el Ayuntamiento de Sada está inmerso en el procedimiento–, con el objetivo de trabajar “de forma leal y coordinada para favorecer los intereses generales de Galicia”.
De hecho, el Ejecutivo autonómico recuerda que la demanda por parte del Estado era un paso que “llevaba solicitando desde hace mucho tiempo”. La vía judicial es, para la Xunta, “la única forma de garantizar la propiedad de estos bienes”, como ya ocurrió exitosamente con el propio Pazo de Meirás y algunos elementos vinculados.
Por eso, en el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expone su “interés legítimo” para participar en este pleito, como ya lo hace en el que está abierto sobre la titularidad del inmueble.
La Xunta defiende que la permanencia de los objetos relacionados con Emilia Pardo Bazán y Francisco Franco --cuando era jefe del Estado-- en el complejo de Meirás “haría más transmisible y comprensible los acontecimientos históricos que allí se produjeron”.
