Para ayudar a pagar el alquiler de un piso, el Gobierno central puso en marcha el llamado Bono Alquiler Joven destinado a las personas de entre 18 y 35 años. Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales que se concede por un periodo de dos años. Para ese bienio (2022-2023), Galicia tiene asignados 23 millones de euros y la Xunta, desde el principio, se quejó de que era una partida insuficiente, pues solo alcanzaría para atender a unos 3.800 beneficiarios ante una demanda cada vez más alta por la espiral de inflación de los precios. La realidad parece haberle dado la razón, pues la demanda de solicitudes presentadas –hasta la pasada semana– para acceder a esta subvención ya casi dobla los fondos disponibles para este programa: el número de peticiones formalizadas ante la Xunta asciende a 6.875.
Aunque el Bono Alquiler Joven se trata de una iniciativa del Gobierno central y que se financia con fondos del Estado, la tramitación de las solicitudes y la concesión de las ayudas las gestiona el Instituto Galego da Vivenda e Solo. Dispondrá de un presupuesto de 22,8 millones de euros, a razón de 11,4 este año y la misma cantidad en 2023.
El plazo para presentar las peticiones se activó el pasado 1 de julio y estará abierto hasta el 31 de octubre o hasta el momento en que se agoten los fondos, por lo que seguramente la convocatoria se cerrará en breve, dado que además la concesión no es por concurrencia competitiva, sino que se otorgan por orden de presentación.
En el conjunto de España se estima que los beneficiarios estén entre los 60.000 y los 70.000 jóvenes. El bono se enmarca en el Plan de Vivienda 2022-2025 y tiene como objetivo elevar las bajas tasas de emancipación juvenil en el Estado, ya que apenas el 15% de los jóvenes de 16 a 29 años se han ido de casa de sus padres.
La ayuda será de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años para pagar el alquiler de su residencia habitual en una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso, siempre y cuando cumplan los requisitos. El principal, que dispongan de una fuente regular de ingresos y que estos no superen 3 veces el Iprem, es decir, 24.318 euros anuales.
Las solicitudes solo se pueden entregar por vía telemática y los candidatos tienen que presentar documentación complementaria como contrato de alquiler de la vivienda o de habitación o contrato de cesión de uso, referencia catastral del inmueble, si no figura en el contrato, documento firmado por el arrendador en el que conste el importe de la renta o precio de cesión individualizado, certificado de empadronamiento colectivo en el que consten las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda y acreditación de la fuente regular de ingresos.
Aunque el programa se puso en marcha con demora, las ayudas se abonarán con carácter retroactivo desde la fecha de firma del contrato, pero nunca con efectos anteriores al pasado día 1 de enero. En estos casos, la Xunta exige un estrato o certificado bancario que justifique el pago de la renta en las mensualidades anteriores a la solicitud.
Precios máximos
Otro requisito es que los alquileres no pueden superar determinados umbrales, estableciendo la Xunta límites distintos en función de los concellos, ya que el comportamiento del mercado del arrendamiento es muy distinto según los municipios sean rurales o urbanos, del litoral o del interior.
En Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago y Ourense el precio máximo es de 600 euros al mes. Por encima de esta cifra ya no habría posibilidad de pedir la ayuda.
En un segundo nivel se encuentran Lugo, Ferrol, A Estrada, Cangas, Lalín, Marín, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Vilagarcía, Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros y Ribeira, ayuntamientos para los que la Xunta ha fijado un tope de 500 euros.
Con alquileres de hasta 450 euros al mes tendrían derecho a solicitar la subvención los residentes en Baiona, Bueu, Cambados, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Moaña, Mos, Nigrán, Poio, Pontecesures, Sanxenxo, Tui, Vilanova de Arousa, Ares, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cedeira, Cee, Fene, Melide, Mugardos, Neda, Noia, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Sada, Teo, Burela, Cervo, Chantada, Foz, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba, Viveiro, Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia.
Para el resto de municipios, donde el mercado del alquiler está mucho más contenido, el límite máximo se ha fijado en 400 euros.
