Hace prácticamente un año que el Gobierno implantó en la Autopista del Atlántico, la AP-9, la mayor rebaja de peajes de la historia para los usuarios, decidiendo cargar la bonificación de las tarifas a los presupuestos del Estado durante el periodo de vigencia de la concesión, hasta el año 2048. El trámite para poner en marcha esta medida fue laborioso y entre los informes favorables contó con el aval del Consejo de Estado por entender que se trata de una medida sin tacha legal alguna. Sin embargo, el supremo órgano consultivo del Gobierno quiso hacer un par de reflexiones finales y entre ellas propuso al Ejecutivo de Pedro Sánchez que evaluase la “conveniencia” de rescatar la AP-9 debido al alto coste que supone para las arcas del Estado bonificar la rebaja del peaje hasta el final de la concesión: más de 2.300 millones de euros. “Tendrá un enorme impacto en los presupuestos y en el déficit público que se prolongará durante más de veinte años”, advirtió el Consejo de Estado, presidido desde 2018 por María Teresa Fernández de la Vega, la que fuera vicepresidenta primera con Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
La pega del órgano consultivo al sistema elegido para implantar la rebaja en los peajes de la Autopista del Atlántico está motivada exclusivamente por el alto coste de la medida y la procedencia de los fondos para compensar a Audasa por abaratar las tarifas. “Tales medidas implican un significativo cambio en el sistema de explotación de la autopista, ya que se trasladan en gran medida los costes derivados de la utilización de la infraestructura al conjunto de la ciudadanía, con independencia de que utilicen o no la autopista, a través del abono de las compensaciones correspondientes con cargo a los presupuestos generales del Estado”, dice.
Ante este escenario que supondrá el desembolso de más de 2.300 millones de euros hasta el año 2048, el Consejo de Estado recomendó el rescate de la autopista. “Para el caso de que se mantenga la titularidad estatal de la vía, a la vista de la carga económica que comportan los compromisos que la Administración va a asumir a resultas del real decreto proyectado y los antecedentes que existen en esta materia, debería ponderarse, como ya ha sugerido el Consejo de Obras Públicas [órgano interno del Ministerio de Transportes] la conveniencia de proceder al rescate de la concesión, lo que otorgaría mayor flexibilidad a la hora de adoptar las medidas de interés público que se consideren pertinentes y conllevaría previsiblemente un significativo ahorro económico”, se recoge en el dictamen, aprobado justo antes de que el Gobierno validara el real decreto, hace ahora un año, que autorizaba la rebaja de los peajes en la AP-9.
El órgano consultivo supremo expuso otras objeciones, ninguna de ellas de corte legal, como la “urgencia” con que se tramitó el real decreto que regula la rebaja pese a la “magnitud de la modificación planteada”, por lo que en su opinión se debería acometer una “reflexión más sosegada” sobre sus implicaciones.
Al Consejo de Estado tampoco le pasó por alto que en el Congreso de los Diputados, aunque lleva meses paralizada, se está negociando una iniciativa, impulsada por unanimidad por el Parlamento gallego, para transferir a Galicia la titularidad de la autopista. Según su criterio, resulta “carente de sentido” que la Administración del Estado “adquiera los enormes compromisos económicos” por las bonificaciones aplicadas si finalmente iba a ceder a la comunidad gallega la titularidad y las competencias de la AP-9.
Y una última objeción, más técnica, se refiere a una de las previsiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la de desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad con el que se puedan cubrir los costes de mantenimiento. “Dicho sistema, el cual rige de una u otra manera en la mayor parte de países de Europa, bien a través del pago de peajes, bien a través del sistema de viñeta, es opuesto al modelo proyectado en el real decreto, que, además, podría suponer un obstáculo para la implantación futura del nuevo sistema que se anuncia en el plan”, expone el órgano presidido por Fernández de la Vega.
El esquema de rebajas aplicado por el Ministerio de Transportes es el siguiente: el trayecto de vuelta, si se hace en el mismo día que la ida (24 horas), será gratis para todos los turismos con dispositivo electrónico a bordo y durante todos los días de la semana. Pero además los usuarios frecuentes, aquellos que hagan más de 20 viajes al mes, tendrán una bonificación extra: pagarán también un 20 por ciento menos en la ida. También circular entre Vigo y Redondela será gratis. Y se aplicará una bonificación del 50 por ciento a todos los usuarios, sean o no frecuentes, del tramo entre Vigo y Tui.
La previsión del Ministerio de Fomento era destinar 37 millones de euros en 2021 y sobre 55 en 2022, 2023, 2024 y 2025, para luego ir incrementando la partida anual progresivamente hasta alcanzar los 134 millones en 2047 y bajar a los 122 en el último año de vigencia de la concesión a Audasa para explotar la AP-9.
