Galicia urge al Gobierno a aplazar el quinto contenedor en los ayuntamientos pequeños

Galicia apremia al Gobierno para aplazar año y medio la instalación del contenedor marrón, destinado a los residuos orgánicos, en los pequeños concellos. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, presiona por carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a tres semanas de que los municipios de menos de 5.000 habitantes –113 en toda la comunidad– estén obligados a contar con el quinto contenedor en sus calles y se enfrenten a sanciones de hasta 100.000 euros si incumplen la norma.

La ley de residuos aprobada el pasado abril fijaba dos plazos para la instalación del quinto contenedor. Los municipios de menos de 5.000 vecinos deberían contar con él antes del 30 de junio, es decir, en 26 días, mientras que el resto de ayuntamientos dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, el mismo plazo fijado por la Unión Europea a nivel general.

La Xunta critica que se hayan acortado tiempos para los concellos más pequeños, para los que cumplir el cronograma es “totalmente inasumible y, además, los expone a elevadas sanciones de hasta 100.000 euros, ya que la norma estatal fija como infracción grave el incumplimiento de esta obligación”, se queja Vázquez en la misiva enviada a Teresa Ribera y fechada el jueves.

Fijar la fecha para las pequeñas entidades locales “supone adelantar en año y medio el plazo establecido por Europa”, lamenta Ángeles Vázquez, que denuncia un trato discriminatorio. “Desde Galicia, desconocemos las razones de esta decisión unilateral del Gobierno central, que es a todas luces injusta con los municipios gallegos, ya que les concede muy poco tiempo de ataptación; mientras, entidades locales de toda la Unión Europea tienen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023 para introducir la recogida de la fracción orgánica”, añade.

Su queja por carta se produce después de la advertencia de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que alertó de la imposibilidad de ajustarse a ese cronograma y de que la propia consellería presentase alegaciones a la norma exigiendo ese atraso de año y medio.

La implantación del quinto contenedor para depositar los residuos orgánicos requiere renegociaciones de contratos con las concesionarias del servicio de recogida de basura, contar con salida para tratar esos residuos y fomentar la concienciación ciudadana para que usen ese nuevo depósito.

“Recogiendo el sentir de las entidades locales gallegas, quiero instar al Gobierno central a que reconsidere su postura y amplíe este plazo, dando un mayor período de tiempo a las administraciones locales para realizar esta transición, un complejo proceso que requiere tiempo, planificación y recursos que permitan reestructurar todo el servicio de recogida de residuos”, resume Ángeles Vázquez.

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