El Gobierno da marcha atrás en su intención de limitar la descentralización de sedes de organismos estatales a los de nueva creación y reabre la posibilidad de trasladar instituciones ya en funcionamiento, siempre que existan “razones fundadas en la mejora de los servicios del sector público”. Las comunidades ajenas a Madrid que deseen acoger esas sedes deberán competir entre ellas, ofreciendo diferentes fórmulas de cofinanciación, como la cesión de edificios, la asunción de costes de la mudanza o construcción o financiar medidas de apoyo a los empleados públicos trasladados.
El decreto que regula esta decisión anunciada el año pasado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, aparece hoy publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras ser aprobado el martes por el Consejo de Ministros.
El mes pasado, el Ejecutivo cerró la opción de que esa descentralización afectase a organismos existentes como el Instituto Español de Oceanografía (IEO), cuyo cuartel general está emplazado en el centro de Madrid y sobre el que en el pasado ha mostrado interés la Xunta. De hecho, Vigo aspiraba a acoger el IEO con varios argumentos a su favor, como su músculo científico en este ámbito, pues es base de buques investigadores como el Ángeles Alvariño y el Ramón Margalef, astilleros especializados, el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC de Bouzas o la cercanía del Oceanográfico de A Coruña.
Vigo recupera opciones de acoger el Instituto de Oceanografía
Las expectativas se recuperan ahora. Un mes después de cerrar la puerta a esas mudanzas, el Gobierno abre la puerta abierta a trasladar organismos ya en funcionamiento, precisamente como el IEO, estableciendo “una salvedad” en la normativa. “El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente y por razones fundadas en la mejora de los servicios del sector público, acordar el traslado de una sede ya existente”, admite el Ministerio de Política Territorial a FARO.
El proceso será competitivo. Las comunidades al margen de Madrid deberán pujar por acoger organismos, aportando unos recursos que la capital no debe ofrecer, según explicó Política Territorial el martes tras el Consejo de Ministros.
Autonomías o municipios interesados en albergar la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, la Agencia Espacial Española o cualquier otro organismo en funcionamiento deberán presentar candidatura y avalarla con “compromisos”. El Gobierno pone ejemplos: “cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado”. Es decir, la descentralización de la administración estatal deberá ser pagada por los territorios, a diferencia de lo que hace Madrid.
Se buscará, por tanto, que la administración central “no tenga que asumir íntegramente el coste de la instalación de una entidad”.
El procedimiento será el siguiente. Cuando el Gobierno decida la creación de un organismo o el traslado de otro ya en funcionamiento, abrirá una especie de concurso público entre comunidades y entidades municipales para cazar ese objetivo. “Los criterios que se considerarán en la elección incluirán, entre otros, la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación”, expone el Ejecutivo sobre una decisión que generará, confía, “efectos indirectos beneficiosos sobre la economía, sobre todo en materia de empleo, así como sobre la fijación de población en las zonas más despobladas”.
Esos argumentos fueron los enarbolados para lanzar esta iniciativa y justificar la instalación en Miranda del Ebro del Centro de Capacidades Digitales de Renfe. En el año 2018 León acogió el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
El Consejo de Ministros será el que tome la decisión final, aunque requerirá un informe específico de una comisión creada para esta cuestión que se reunirá al menos una vez año “y siempre que sea necesario determinar la sede física de las entidades públicas”. La ministra de Política Territorial presidirá ese comité, cuyo vicepresidente será el secretario de Estado de Política Territorial.
