Tras conocerse que el Gobierno estatal se planteaba trasladar la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO) fuera de Madrid, la ciudad de Vigo saltó como una de las opciones con más peso para su nueva ubicación. Todo este proceso vendría justificado por la iniciativa de descentralizar las sedes de entidades, organismos o agencias estatales, emplazadas en su gran mayoría en la capital madrileña con el objetivo de vertebrarar y acercar a otras comunidades y provincias la dirección de estos órganos.
El Consejo de Ministro aprobó ayer el acuerdo que regula este proceso de desconcentración y ha supuesto, a priori, un jarro de agua fría para las pretensiones olívicas. Y es que este proceso para que cualquier ayuntamiento o localidad pueda albergar organismos públicos solo afectará a los de nueva creación; entre los que lógicamente no se incluye el IEO. Esto tampoco quiere decir que no se valore de igual modo la posibilidad de un traslado –el propio presidente Pedro Sánchez reconocía que su ubicación en Madrid “no tiene mucho sentido”–, sin embargo no aparece recogido en las directrices del proceso de desconcentración, que solo afectaría a las entidades del sector público institucional “de nueva creación”.
Los argumentos que amparaban a Vigo como el destino lógico para la reubicación del IEO son múltiples. Por un lado, aúna músculo investigador, es la base de flota oceanográfica puntera (integrada por el Ángeles Alvariño y su gemelo Ramón Margalef), astilleros especializados y empresas que dan soporte a estos buques. Un potencial que se dispara si se tienen en cuenta las sinergias con el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC de Bouzas, el Oceanográfico de A Coruña y toda la investigación marina que se desarrolla en las universidades y otras instituciones gallegas.
Ahora, según este acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de la cartera de Política Territorial, para decidir qué comunidad, provincia o ayuntamiento pueda erigirse como sede de estas nuevas entidades públicas se valorará, además del ámbito de actuación de la misma, el nivel de desempleo y el mercado de la vivienda, entre otros.
Para la elección, el Gobierno defiende que se llevará a cabo en un “procedimiento abierto, transparente y competitivo” en el que cualquier autonomía o entidad local podrá postular una localidad, ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero.
Eso supondrá, según reivindica el Ejecutivo, que el Estado podrá compartir los costes asociados al establecimiento de sedes de entidades. Además, el Gobierno defiende que también se tendrá en cuenta “en todo momento” el papel de los trabajadores públicos, incorporando al procedimiento la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.
Consideran desde el Gobierno que esta es una “herramienta adecuada” para vertebrar el territorio y recuerdan que muchos países europeos han apostado por este plan, además de numerosas comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla y León, Canarias, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha, llegando en muchos casos a reconocerlo en su propio estatuto de autonomía.
