En el reciente Foro La Toja, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, aprovechó la ocasión para cuestionar la racionalidad de que el Instituto Español de Oceanografía esté situado en la calle Corazón de María de Madrid, a cientos de kilómetros del mar. Su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, asintió, quejándose también de esa situación. El debate resurgió este verano, lanzado por un Puig que incluso encargó un informe sobre los efectos de la descentralización administrativa, pero cobró un nuevo impulso en la reunión empresarial de la localidad pontevedresa.
Allí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que promovería un debate “sano y necesario” para ubicar instituciones del Estado fuera de Madrid, propuesta que reiteró hace pocos días , señalando como ejemplos el Centro de Capacidades Digitales de Renfe, instalado a mediados de año en Miranda del Ebro, o el Instituto Nacional de Ciberseguridad ubicado en León. El Gobierno ya ha asumido esa agenda.
Comunidades como Galicia aplaudirían esa decisión, a tenor de las quejas por el citado Instituto Español de Oceanografía –“No tiene sentido que la cabecera del ente esté en Madrid”, reconoció el exministro Pedro Duque– o los intentos por captar la sede de la Agencia Europea del Medicamento, pero no se aplican su propia doctrina: ellas concentran sus instituciones en sus capitales, como sucede con la Xunta y Santiago.
“Las comunidades piden desconcentrar organismos estatales, pero ellas no lo hacen”
En Alemania, por ejemplo, sí se opta por “desconcentrar” instituciones, señala el profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo Alberto Vaquero. “La sede del BCE no está en Berlín, sino en Frankfurt”, ilustra. “Dicho eso, se produce un fenómeno curioso, las comunidades autónomas piden desconcentrar los organismos del sector público estatal, pero se resisten a desconcentrar dentro de su territorio”, apunta este miembro del Foro Económico de Galicia.
Si no tiene sentido a priori que la sede de Puertos del Estado esté situada en Madrid, ¿lo tiene que la Consellería do Mar se encuentre en Santiago y no en una ciudad portuaria como Vigo, por ejemplo?
“No veo la opción de que un ministerio salga de Madrid. En Galicia es más sencillo”
“La cuestión es, sobre todo, política”, apunta José Julio Fernández, profesor de Derecho Constitucional en la USC y exValedor do Pobo, quien recuerda que la Unión Europa cuenta con sedes de instituciones repartidas.
“Con los avances existentes, no hay un problema práctico de eficacia administrativa”, apunta sobre las ventajas que ofrece la red, como ha demostrado la pandemia. Se trata, insiste, de decisiones con repercusiones. “La ciudad que reciba un órgano relevante se vería muy beneficiada por la visibilidad que adquiriría, además de los temas económicos producto de la reubicación de buena parte de los trabajadores. Por el contrario, la ciudad de salida perdería esa ganancia económica”, argumenta.
Santiago es un gran ejemplo, pues cuenta con un músculo de funcionarios que elevan sus niveles de renta y empleo y contribuyen a potenciar su papel como capital y centro de peregrinación. “La ubicación de órganos administrativos en Santiago, al margen de esa capitalidad, no creemos que haya sido determinante para potenciar su visibilidad mundial, aunque sí ha favorecido el desarrollo económico. En una ciudad pequeña como esa que exista un número relevante de funcionarios tiene efectos positivos a nivel de hostelería o del sector inmobiliario”, apunta Fernández.
De hecho, Santiago ocupa el sexto puesto en la lista de concellos con mayor renta por habitante, con 29.993 euros anuales, 1.200 por encima de Vigo, con mayor componente industrial.
Existen, además de gastos añadidos, algunas dificultades para modificar el statu quo. “El revuelo sociopolítico que se produciría si se saca de Madrid un ministerio sería tal que veo imposible que salga ninguno. Otra cosa es otro tipo de órganos, relacionados, por ejemplo, con el mar o con el desarrollo rural”, cree Fernández. “En Galicia ahora lo veo más sencillo”, añade, si bien la Xunta ha puesto en marcha la ampliación de su sede administrativa central, en Santiago, y cuenta con espacio “muerto” en la Cidade da Cultura.
El reparto de instituciones refleja un orden de prioridades y puede causar desarreglos como que Vigo, la ciudad más poblada de Galicia, carezca de instituciones como una delegación de Tráfico o una subdelegación del Gobierno al no ser capital de provincia. Por no hablar de la Galicia interior.
“No veríamos con malos ojos ubicar en Ourense la Consellería de Medio Rural, por ejemplo”
“Existen unidades administrativas o de gobierno que no deben estar colapsando las capitales, cualesquiera que estas sean”, se posiciona el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que considera la descentralización “una gran oportunidad para que territorios vaciados de poder puedan desarrollarse”.
Como Vaquero, destaca la paradoja de que los gobiernos autonómicos y estatales peleen por sedes de organismos comunitarios, pero no apliquen esa doctrina. “Si la UE ha llevado la sede de la Agencia Europea de Pesca a Vigo, ¿qué sentido tiene que la Consellería do Mar esté en Santiago y no en Vigo o A Coruña? Y no veríamos con malos ojos que la de Medio Rural pueda estar ubicada en Ourense”, añade, si bien señala otros ejemplos de rango inferior como la Secretaría Xeral de Emigración, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Augas de Galicia, el Igape, el Sergas...
De hecho, el socialista Emilio Pérez Touriño llevó a plantear en su programa electoral de 2005 trasladar la Consellería de Pesca a Vigo, extremo que el bipartito no se atrevió a aplicar y que desapareció de sus promesas en la campaña de 2009. En todo caso, José Julio Fernández reclama un análisis económico de cada decisión: “Los cambios de sede suponen gastos adicionales que no sé si son razonables en un entorno de salida de la pandemia”.
Se trata de un debate similar al registrado en los años 80 sobre la capitalidad de Galicia, que finalmente recayó en Santiago, aunque el Tribunal Superior de Xustiza se encuentra ubicado en A Coruña. Para paliar los gastos adicionales de esa condición, Compostela recibe 2,3 millones de euros anuales.
Vaquero se refiere a esta compensación. “Las grandes ciudades tienen unos costes adicionales por la concentración de ciertas actividades y servicios. Las capitales de provincia y de comunidades autónomas asumen el coste de capitalidad, pero también tienen beneficios. Lo que sucede es que el coste suele superar el beneficio y, por eso, solicitan algún tipo de compensación para poder financiar ese sobrecoste generado por el mayor número de habitantes que acude a esas ciudades, costes de congestión, necesidad de contar con más funcionarios...”, comenta. Eso sí, para negocios como la hostelería esa sobreafluencia genera un plus.
Portugal comienza a dar pasos en esta dirección, trasladando la sede de su Tribunal Constitucional a Coímbra. Y en España, comunidades como Galicia, Andalucía o Comunidad Valenciana apuestan por ceder peso a fuera de Madrid, en el centro de la diana por el efecto arrastre de la capitalidad.
La postura del PP, sin embargo, pone en un brete a Feijóo y al resto de barones territoriales populares, pues la cúpula de Pablo Casado se ha manifestado en contra de esa propuesta y la ha catalogado de ataque a Madrid.
Ante esta situación, la Xunta evita pronunciarse sobre posibles traslados de sedes administrativas fuera de Santiago, con el único gesto en los últimos años de crear una Delegación específica para Vigo. Tampoco respondieron a este diario la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ni el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.
“La Xunta no inició descentralización alguna, sino que ha ido en la dirección contraria”
El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, arremete precisamente contra las políticas del Ejecutivo gallego. “La Xunta no sólo no ha iniciado ningún proceso de descentralización, sino que en los últimos años su gestión ha ido precisamente en la dirección contraria. Por ejemplo, nos quitaron el Área Metropolitana de Vigo”, se queja.
Mientras, la pandemia de coronavirus ha disparado el teletrabajo en todo el mundo y, por tanto, ha puesto de relieve la necesidad de un debate sobre la organización administrativa y las oportunidades para la España vaciada que tantos titulares llena.
De momento, Europa del Este ha conseguido recuperar población gracias precisamente a la vuelta de trabajadores cualificados que pueden operar desde cualquier parte del mundo. ¿Puede la Xunta fomentar algo similar mediante la descentralización de su red administrativa? Está por ver.
Sobre esta cuestión se muestra escéptico, cuando no crítico, Óscar Pazos, autor de Madrid es una isla, una historia sobre el centralismo de la capital española. “Su capitalidad es, con diferencia, el primero de los derechos históricos en el Estado español y constituye un caso aparte en Europa, una anomalía histórica”, sentencia, en alusión a que es una gran capital desconectada de rutas marítimas y fluviales.
Considera poco probable una descentralización de instituciones porque “el problema del centralismo es que concentra el poder en un lugar y en unas pocas manos”. Añade que el uso de la marca “España vaciada” y esa posible salida de organismos fuera de Madrid responde a un intento de frenar el deterioro del bipartidismo con la aparición de nuevos partidos, precisamente un elemento contra el que protestaron en el Foro La Toja los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy. “Está en marcha una gran operación política para las próximas elecciones para impedir que el mapa electoral rompa con nuevas formaciones como Teruel Existe apareciendo en Extremadura, León, Soria o cualquier otro lugar que siempre votó en clave nacional-española”, concluye Pazos, que compara la cesión de instituciones con el AVE. “Es la misma lógica. El centro sigue en el mismo sitio y la dependencia de él crece aún más”, finaliza.
