La falta de sintonía entre la Xunta y el Gobierno central sobre las regulaciones que afectan al litoral viene de lejos, indistintamente del color del partido asentado en Moncloa, y no tiene visos de que esta relación vaya a cambiar. El último episodio de enfrentamiento es la nueva redacción que el Ministerio de Transición Ecológica dará al reglamento general de costas, que revisa el actualmente vigente que es de 2014. Entre otras modificaciones, vetará el cambio de usos en las construcciones que se encuentren en la zona de servidumbre de protección –una franja de cien metros de ancho en el rural a partir de la línea de playa y de 20 metros en suelo urbano–. Esta prohibición cuenta con el rechazo total de la Xunta, en cuyas alegaciones al proyecto de reglamento reprocha el doble rasero y la disparidad de criterios del Gobierno central, pues mientras un ministerio bloquea los cambios de uso en los edificios de propiedad privada, el de Transportes sí está permitiendo, por su parte, que los faros que han perdido su funcionalidad se puedan convertir en hoteles para darles una segunda oportunidad.
“No se entiende, por lo tanto, la diferenciación que se está produciendo en la práctica por parte del Gobierno central a la hora de autorizar o no un cambio de uso de las construcciones costeras. Por una parte se está permitiendo la implantación de usos hoteleros en espacios portuarios, como los faros, pero por otra, esa posibilidad excepcional no se hace extensible a otro tipo de edificación existente a lo largo del litoral”, argumenta la Consellería de Medio Ambiente.
Cinco faros reconvertidos
En Galicia ya hay tres faros que están funcionando como hoteles gracias a la autorización cursada por el Ministerio de Transportes, con competencias sobre los espacios portuarios. Son los de Illa Pancha (Ribadeo), Fisterra y Lariño (Carnota). Y otros dos están a punto de abrir sus puertas como, el de Cabo Silleiro (Baiona) y el de Corrubedo.
Pero la situación es bien distinta en la zona de servidumbre de protección, cuyas competencias las tiene el Ministerio de Transición Ecológica. En la práctica, Costas ya estaba bloqueando los cambios de uso residencial a hotelero, pero ahora el Gobierno reforzará esa prohibición mediante el real decreto por el que aprobará el nuevo reglamento del litoral, “lo que choca con las actuaciones permitidas y ejecutadas en espacios de Puertos del Estado”, lamenta la Xunta.
De nada sirvió la demanda gallega, cursada hace ya más de un año, para permitir la recalificación de las construcciones ya existentes en el litoral con anterioridad a 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas. El Ejecutivo autonómico incluso facilitó una lista con 361 elementos de valor histórico, cultural o etnográfico en los que se podían acometer usos turísticos con el fin de hacer posible su rehabilitación y recuperación y darles una segunda vida. Pero su reivindicación no solo cayó en saco roto, sino que el bloqueo se intensificará.
Bloqueos
Medio Ambiente pone dos ejemplos de cómo el Gobierno central se aplica en impedir los cambios de usos en la zona de servidumbre. En abril del pasado año presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Concello de Camariñas por conceder una licencia para la rehabilitación de una vivienda con el objeto de convertirla en un hospedaje, a pesar de que no se preveía retocar el volumen de la edificación. La causa judicial todavía no se ha resuelto.
El segundo caso es la conversión de la antigua fábrica de salazón de Beiro (Carnota) como cafetería y centro de interpretación. La Xunta otorgó la autorización autonómica para el cambio de uso a pesar del informe desfavorable de Costas. “Ahora habrá que esperar a que el Concello otorgue la correspondiente licencia municipal para comprobar lo que hace Costas”, avisa la Consellería de Medio Ambiente.
Revisión del deslinde
Otro de los cambios que introducirá el nuevo reglamento es la aplicación de criterios más flexibles para revisar los deslindes del litoral que permitirán al Estado incrementar la zona de máxima protección bajo su paraguas, que es el dominio público marítimo-terrestre. Este linde podrá avanzar tierra adentro hasta la máxima distancia que alcance una sola ola. En la actual normativa se establece un sistema de medición por el que ese límite debía repetirse al menos cinco veces en un lustro para poder hacer ese deslinde.
En el caso de producirse, las construcciones ubicadas en ese espacio marítimo-terrestre ganado pasan a ser del Estado y sus antiguos titulares solo las podrán ocupar en régimen de concesión, por lo que no podrán hacer obras de mejora, reparación o modernización.
Cuatro apuntes
1/ Actualización de la norma de 2014
El Ministerio de Transición Ecológica está actualizando el reglamento generalde Costas, que entró en vigor en el año 2014.
2/ Bloqueo a los cambios de uso
Una de las novedades es el refuerzo al veto al cambio de uso de los inmuebles ubicados en la zona de servidumbre de protección, la segunda línea de mar.
3/ Casi 400 edificios “recuperables”
La Xunta identificó 361 edificios en el litoral gallego que se podrían recuperar si el Gobierno central permitiera el cambio de uso de sus instalaciones.
4/ Revisión del deslinde
Otra novedad del nuevo reglamento es la incorporación de criterios más flexibles para revisar el deslinde del litoral y llevarlo tierra adentro.
