El ingreso mínimo vital (IMV) constituye uno de los principales reclamos del Gobierno central para defender el “escudo social” puesto en marcha el año pasado. En sus primeros quince meses de vida, sin embargo, el atasco burocrático ha impedido cumplir las expectativas e incluso obligado a la administración a atender a población a la que en un principio había negado o minimizado ese salvavidas.
De las 52 primeras sentencias sobre esta cuestión, la ciudadanía gallega ha ganado el 57% (30), el mayor porcentaje de España. Se trata de la última salida ante la negación de la ayuda y la desestimación de las reclamaciones por vía administrativa. De hecho, en esta cuestión destacan las 5.630 solicitudes de revisión pedidas en Galicia, de las que solo fueron estimadas por el Ministerio de Inclusión Social 565. En este punto existe un cuello de botella, pues Pontevedra se encuentra en los primeros puestos de espera para conocer el resultado de esas protestas con un 86% de casos pendientes.
Esa ayuda emula las rentas sociales autonómicas como la Risga gallega, aunque con una vocación de universalización. Pueden optar a prestaciones de entre 469 y 1.033 euros mensuales las personas con unas rentas de entre 5.500 y 12.000 euros anuales, en función de su número de miembros de su hogar y edades.
En un principio, el Gobierno central estimaba que aportaría estos recursos a 39.500 hogares en Galicia, aunque la cifra se ha quedado en 16.478, compuestos por 36.145 personas, según los últimos datos disponibles, correspondientes al pasado septiembre.
Las entidades sociales alertaron desde el principio del bloqueo burocrático que se estaba generando. Coincidían la puesta en marcha de una nueva prestación, en muchos casos incompatible o solapada con ayudas autonómicas, la pandemia de COVID-19 y la escasa dotación específica de personal para tramitarla.
En Galicia, dos de cada tres solicitudes iniciales fueron rechazadas, abriendo así la puerta de las reclamaciones administrativas. Esa vía siguieron 5.630 personas, aunque la administración solo ha aceptado 565 casos, según los datos publicados por el portal Civio, obtenidos tras una solicitud amparada en la Ley de Transparencia.
Las diferencias son enormes entre provincias. Pontevedra es la quinta con mayor atasco, pues de las 1.791 reclamaciones presentadas, solo se han tramitado el 13,2%, con 86 casos estimados y 150 desestimados. Otras 1.555 están en lista de espera.
En A Coruña, las reclamaciones suman 2.703, con 291 estimadas y 1.740 no resueltas. En Lugo, las quejas fueron 631 con 156 estimadas y solo 62 pendientes. En Ourense, se registraron 505 casos, con 32 estimadas a favor del ciudadano, 310 rechazadas y 163 aún sin tramitar.
Una vez agotada la opción administrativa, solo queda acudir a los tribunales. En Galicia, según los datos de Civio, se han iniciado 1.486 procedimientos judiciales tras denuncias de ciudadanos que bien quieren que les pague el IMV, bien reclaman una mayor cuantía de la prestación que ya reciben. De momento, solo se han resuelto medio centenar de casos. Veinte sentencias fueron favorables a la administración, pero otras 30 dieron la razón a los ciudadanos en su totalidad y otras dos, en parte.
El porcentaje de victorias ciudadanas en la comunidad, por tanto, roza el 58%, situándose en primer lugar autonómico. A nivel estatal, la media es del 42%
