La Xunta tiene la pretensión de articular una fórmula para compensar a las constructoras de obras públicas por el incremento de los precios de las materias primas. Por eso, a través del PP presentó una enmienda a la ley de medidas administrativas y fiscales de los presupuestos de 2022 con el objeto de habilitar una vía para evitar que se paren las obras. Pero el Parlamento alberga dudas sobre la legalidad de esta iniciativa. Los servicios jurídicos de la Cámara autonómica advierten de que esta modificación normativa puede invadir las competencias del Estado y romper con la unidad del mercado, pero aún así consideran que puede seguir su tramitación parlamentaria, al menos inicialmente.
“Esta duda sobre su compatibilidad con el régimen de distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma no debería ser una traba formal para admitirla a trámite”, sostienen los servicios jurídicos en el análisis de las enmiendas que presentan los distintos partidos.
Fórmula autonómica
¿Qué es lo que pretende la Xunta? Básicamente, establece dos vías de acción para echar una mano a las empresas constructoras ante el incremento de los precios de las materias primas. Por una parte, habilita una “compensación al contratista” cuando la variación del coste de los materiales supere el 20%, y que esto le suponga unas pérdidas superiores al 6%. Y por otra, la empresa adjudicataria de la obra podrá modificar el tipo de materiales a utilizar, y cambiarlos por otros más baratos, sin que esto altere la funcionalidad del proyecto.
En el caso de que ninguna de estas dos medidas resulte viable, entonces cabe la posibilidad de resolver el contrato y volver a licitar uno nuevo con otras condiciones.
Estas medidas serán de aplicación únicamente para los trabajos iniciados a partir del 1 de enero de 2021, sin que afecte tampoco a los contratos menores de obra.
Opinión de los servicios jurídicos
Sin embargo, el Parlamento duda de que esta iniciativa pueda llevarse adelante. Sus servicios jurídicos advierten que esta regulación “podría incidir en la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre los contratos y concesiones administrativas” porque los precios y su revisión pertenecen son aspectos esenciales de la contratación administrativa regulada por leyes estatales.
Pero además, los letrados del Parlamento entienden que introducir una regulación general de la contratación pública que solo afectaría a las obras y servicios adjudicados por la Xunta o sus organismos autónomos “podría afectar también a la unidad del mercado contractual público”.
El Ejecutivo autonómico decidió explorar esta fórmula de compensación mientras el Gobierno central también está estudiando cómo hacer frente a este problema.
