Cuando se inicia un procedimiento de expropiación forzosa y los dueños de los terrenos no están de acuerdo con el precio que la Xunta, las diputaciones o los concellos están dispuestos a pagar, el conflicto acaba en el Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) para que este determine el importe justo. Este órgano lleva funcionado quince años en la comunidad autónoma y sus resoluciones dejan en mal lugar las tasaciones realizadas por las administraciones públicas. Hasta el punto de que entre 2006 y 2020 el Xurado forzó al Gobierno gallego, a las corporaciones provinciales y a los ayuntamientos a pagar 145 millones de euros más de lo que estaban dispuestos a abonar a los propietarios, lo que supuso un incremento de los precios de casi el 36% por encima de la valoración inicial.
En los 51.721 expedientes tramitados por el XEG en sus quince años de funcionamiento, las administraciones expropiantes pretendían abonar 404,471 millones de euros. Los dueños no estaban conformes y pleitearon, pues consideraban que el valor de sus bienes rondaba los 2.000 millones de euros. El justiprecio determinado por el Xurado se alejó bastante de la demanda de los propietarios, pero obligó a las administraciones a mejorar sus ofertas en 145,3 millones de euros para dejar al final los pagos en 549,750 millones.
Este comportamiento ha sido común en los quince años. En todos los ejercicios la valoración de las administraciones ha estado muy por debajo del precio real. En 2019 y 2020 hubo poco movimiento de obras públicas. La tasación de las expropiaciones apenas sumó 9 millones de euros, pero el XEG incrementó la valoración inicial en nada menos que un 60% y obligó a Xunta, concellos y diputaciones a abonar 14,5 millones, lo que supuso un aumento de 1.926 euros de media por expediente (se tramitaron 2.836 en el bienio).
La Xunta es la principal administración expropiadora, pues genera casi el 85% de los casi 52.000 expedientes, mientras que las diputaciones se quedan en el 10% y los concellos bajan al 5%. De hecho hay quince municipios que entre 2006 y 2020 no participaron en ninguna. Las ocupaciones de terreno impulsadas por el Gobierno central se dirimen en jurados provinciales dependientes del Estado.
¿Cuál es la principal causa de expropiación? Con diferencia, la construcción de carreteras, con 31.729 expedientes que representa el 60,6% del total. Le sigue la implantación de suelo empresarial (9.024 y el 17,23%), los tendidos de líneas eléctricas (7.553 y el 14,42%), los parques eólicos (764 y el 1,46%), los aprovechamientos hidroeléctricos (444 y el 0,85%) y los gasoductos (425 y el 0,81%).
¿Y cuánto se paga de media? Debido al minifundismo de Galicia, los importes unitarios no son muy altos. Los precios más habituales no superan los 10.000 euros y estos expedientes suponen casi el 79% de todos los tramitados durante los últimos quince años. De entre 10.000 y 50.000 euros suponen el 11,1%. Pero también hay expropiaciones cuyo importe superó el millón de euros. Fueron 39 en total desde el año 2006.
Una dinámica que se mantiene constante es que resulta imposible identificar al 18,8% de los dueños de fincas expropiadas, bien porque se desconoce su identidad o porque no pudo ser localizado. Su precio también los determina en estos casos el Xurado. La administración impulsora de las obras ingresa el dinero en su caja general de depósitos a la espera de que aparezca el dueño de los terrenos. Tiene un plazo de veinte años, superado ese horizonte pierde la posibilidad de cobrar y el efectivo retorna a las arcas públicas.
