Casetas ilegales, galpones convertidos en casas vacacionales, chalés levantados en áreas no urbanizables o naves industriales que se saltan la Lei do Solo. Pocas ilegalidades se escaparán a partir de ahora al escrutinio de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que reforzará la labor sobre el terreno de sus inspectores con controles desde el aire realizados por vehículos aéreos no tripulados. La Consellería de Medio Ambiente incluye en sus presupuestos para el próximo año una partida de 28.000 euros para contratar a una empresa de drones que preste este servicio.
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Este año se realizó ya alguna experiencia piloto para validar el uso de este tecnología en la persecución de irregularidades urbanísticas. Tras comprobar su eficacia, la Xunta pondrá en marcha esta herramienta en 2022.
Con los drones la APLU rastreará desde el aire los puntos en los que se sitúen las obras fraudulentas y las zonas que son de difícil acceso para los subinspectores.
Las aeronaves dispondrán de cámaras sofisticadas, con una resolución de vídeo de 4K/30 fps, con diferentes modos de captura y focalización con inteligencia artificial, además de un telémetro láser, un aparato que permite medir distancias y servirá así para calcular el volumen de las edificaciones investigadas.
La ventaja del uso de drones para rastrear obras ilegales es que estos vehículos aéreos no tripulados cuentan con una mayor accesibilidad a zonas a las que los inspectores les resulta difícil llegar. “Y facilitan información esencial a un coste y un tiempo mínimo en comparación con las metodologías tradicionales de inspección a distancia”, explican desde la Consellería de Medio Ambiente.
El uso de estas aeronaves permitirá obtener informes gráficos en alta resolución, con fotografías y vídeos. Pero además tendrá un sistema de “procesado de datos, nubes de puntos, levantamientos fotogramétricos y cubicaciones”, una tecnología que posibilita medir las dimensiones de las edificaciones que se inspeccionan de forma precisa y captar las distancias en las que se encuentran respecto a elementos protegidos.
Facilitan información esencial a un coste y un tiempo mínimo en comparación con las metodologías tradicionales de inspección a distancia
Por otro lado, las imágenes que capten estos drones permitirán constatar el uso al que se destinan los inmuebles investigados mediante la visualización del entorno y de los elementos auxiliares que las rodean. Por ejemplo, si hay un galpón en suelo rústico que se usa de casa de veraneo las imágenes que capten estos drones podrán demostrar que no tienen un uso agrícola.
Pero los drones no solo permitirán un control más exhaustivo de las irregularidades sino que también darán firmeza a los expedientes sancionadores, “Las fotografías y vídeos que proporcionan estes dispositivos serán claves para completar los expedientes de reposición da legalidad urbanística”, explica la Xunta.
Privacidad
En todo caso, desde la Consellería de Medio Ambiente aclaran que los trabajos se hará “minimizando la captura de imágenes que no sean absolutamente necesarias para determinar los hechos constitutivos de delito, evitando el almacenamiento de información necesaria relativa a las personas”. Así, la Xunta aclara que los datos que tomarán los drones desde el aire serán los mismos que obtendrían en una visita de inspección por tierra en el caso de que se pudiese apreciar desde la vía pública a pie de parcela.
Efectos en el bolsillo del "ti vai facendo"
En la última década la APLU abrió 3.500 expedientes de reposición que derivaron en 1.323 obras ilegales derribadas o retiradas del terreno donde permanecían (caravanas y casas prefabricadas en costa o suelo rústico).
Cuando se abre un expediente de reposición de legalidad si el propietario desoye las órdenes de la Xunta para demoler o retirar la edificación, se le imponen multas coercitivas. El primer pago es de 1.000 euros, con el quinto aviso se llega a los 10.000 euros. Con estas multas se busca la ejecución forzosa.
En diez años se interpusieron más de 5.000 sanciones coercitivas a construcciones con orden de derribo por un importe de casi 38 millones de euros. El año de la pandemia, 2020, fue el ejercicio con la cifra más baja de multas coercitivas (263) y el menor importe reclamado (635.000 euros).
Cámaras de alta resolución
Las aeronaves estarán dotadas con cámaras de alta resolución y tecnología, como telémetros láser, que permitirá calcular las dimensiones de las obras que se están inspeccionando.
Pruebas de los usos
Los drones no solo localizarán obras ilegales sino que aportarán datos sobre sus usos. Así podrán determinar, por ejemplo, si un galpón en suelo rústico se usa, en realidad, como casa vacacional.
Un coste de 28.000 euros
La Xunta contratará a una empresa para que preste el servicio de inspección con drones. Para 2022 se ha reservado una partida en los presupuestos gallegos de 28.000 euros.