Los juzgados gallegos declaran cada día la incapacidad de dos personas mayores con el objeto de autorizar que sus familiares o tutores legales gestionen sus bienes y su patrimonio. El pasado año se completó este procedimiento judicial para 747 personas que finalmente fueron calificadas como incapacitadas, pero el ritmo resulta insuficiente para atender la demanda anual. A 31 de diciembre quedaban pendientes de emitir sentencia para 1.084 casos, de los que la mayoría se tramitan en los órganos judiciales de la provincia de A Coruña, con 539, seguida de la de Pontevedra, con 237; Ourense, con 196; y Lugo, con 112.
Los procesos de incapacitación judicial dentro del área de actividad civil son la vía a la que se recurre para que los cónyuges, los hijos, los hermanos o los tutores puedan asumir la tutela de un familiar que presenta severas dificultades en su vida diaria o ha desarrollado una incapacidad manifiesta para hacerse cargo de sus bienes y propiedades.
Con carácter general, la ley prevé para estos casos la existencia de un procedimiento por el cual se solicita de un juez que tras el examen de la persona que se desea incapacitar y el de un médico forense se dicta una sentencia que le declara incapaz y le designa la persona que le sustituirá en los actos que debe realizar. En el caso de que no se declare esta situación de incapacidad esta persona sigue disponiendo de sus bienes y aunque esté mentalmente disminuida sigue rigiendo sus bienes y actuación frente a los demás.
Con el fallo del juez, si es a favor, el pariente puede sacar dinero de la cuenta de su familiar, desprenderse de una propiedad o disponer de sus bienes.
Generalmente son personas mayores las inmersas en estos procedimientos y en numerosas ocasiones se recurre a esta fórmula porque estas personas tienen una pensión escasa y necesitan vender parte de su patrimonio o sacar ahorros del banco para pagar la residencia, el centro de día o un cuidador en casa, y la persona mayor no está en condiciones de afrontar esta toma de decisiones o simplemente de salir de casa para realizar estos trámites. Pero sus familiares no pueden sacar dinero de sus cuentas ni vender propiedades que no soy suyas. Entonces se acude al juez para conseguir la correspondiente autorización.
El pasado año se presentaron en la comunidad gallega 2.297 demandas de incapacidad, más un tercio de ellas, 828, en la provincia de A Coruña, 674 en la de Pontevedra, 479 en la Lugo y 316 en la de Ourense.
En la inmensa mayoría de los casos, los jueces las estiman, dando por buenas las intenciones de los promotores. En este sentido, dictaron 747 sentencias favorables a la declaración de incapacidad y solo echaron abajo trece peticiones.
La cifra de declaraciones positivas es sensiblemente inferior a la de 2019, cuando se alcanzaron las 1.221, pero el pasado año estuvo marcado por el COVID y una crisis sanitaria que paralizó gran parte de la actividad económica y afectó también a la judicial. En todo caso, el número de incapacidades ratificadas fue superior al de 2018, con 685.
Las demandas las pueden presentar los familiares de los mayores. El año pasado fueron 640, una cifra muy baja en comparación con el ejercicio inmediatamente anterior, con 824, y a las de los años 2017 (1.859), 2016 (1.226), pero en línea con las de 2015 (663), 2014 (645) o 2013 (633).
La otra vía, que se ha convertido en la más utilizada, es la del fiscal. Las registran ellos directamente porque les avisan desde centros de día o residencias, que están obligados por ley a notificar en el juzgado cuando a sus instalaciones llegue una persona que no puede actuar consciente y libremente. Entonces es necesario limitar su capacidad de obrar mediante resolución judicial con el objetivo de protegerles de potenciales abusos. En estos casos, no suele haber familiares por medio.
En 2020 fueron 1.657 las demandas promovidas por los fiscales, un 11% menos que las tramitadas en 2019 (1.858), pero superiores a todos los años anteriores.
En total en Galicia, el año pasado se presentaron en los juzgados de la comunidad 2.297 demandas de incapacitación de mayores, que son 385 menos que en 2019. El ejercicio en que se registraron más solicitudes fue en 2016, con 2.509 peticiones, año el que las demandas firmadas por los fiscales y los familiares fueron prácticamente las mismas.
Desde el año 2012, en la comunidad se dictaron 9.437 sentencias declarando una incapacitación, lo que supone una media de casi tres por ejercicio, una cifra bastante superior a la registrada en 2020, cuando fueron dos por día. En el mismo periodo solo se desestimaron 222.
