El real decreto del Gobierno para reducir la temporalidad en el sector público obligará a las administraciones a convocar oposiciones para convertir en fijos a más de 300.000 interinos en toda España, entre ellos muchos que trabajan para las entidades locales.
Para ayudar a los municipios, sobre todo a los más pequeños, a reducir la eventualidad de sus plantillas, se les dará la opción de que deleguen sus procesos selectivos en las diputaciones para “agilizar”, de esta manera, las resolución de las ofertas públicas de empleo. Ésta fue una de las aportaciones de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) que han sido incorporadas al texto que ahora se tramita en el Congreso y que prevé aprobarse el próximo mes de octubre.
“Una reforma de este calado ha de tener muy en cuenta a la Administración local, introduciendo medidas que faciliten el desarrollo de los procesos de selección"
La falta de medios y recursos, sobre todo, en los concellos pequeños y medianos puede demorar la realización de estos procesos selectivos para transformar en indefinidos a los interinos. Por esa razón, el texto contempla que la “gestión material” de la selección de personal funcionario de carrera o laboral fijo se encomiende, si fuese necesario, a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares o entes supramunicipales.
De esta manera, las diputaciones harán una bolsa con todas las plazas de empleo público que necesiten los municipios que se acojan a este sistema, reunidas según categorías, cuerpos, escalas o subescalas, y las ofertará en convocatorias periódicas cuyas bases aprobará la propia corporación provincial. La norma del Gobierno para reducir la temporalidad contempla además que no solo se deleguen en manos de las diputaciones los procesos selectivos para funcionarios sino también para ocupar puestos de forma interina y temporal.
Finalizado el proceso selectivo, el concello nombrará o contratará a los candidatos que hayan superado el proceso selectivo. Esta medida está pensada para los concellos más pequeños. Las ciudades quedan excluidas de esta vía.
Las dificultades de los ayuntamientos de menor tamaño para cubrir determinadas plazas se evidenció, por ejemplo, hace años con los puestos de interventores y tesoreros municipales, muchos de los cuales permanecían vacantes en algunos concellos por falta de candidatos. En este caso, fue la Xunta la que echó una mano a las corporaciones locales creando una bolsa de interinos a la que podían recurrir para la cobertura de estos empleos.
Ahora el real decreto ley que se tramita en el Congreso para reducir la temporalidad va a conllevar la convocatoria de miles de plazas en los ayuntamientos para hacer fijos a los empleados temporales que hasta ahora las ocupaban.
“Las entidades locales tenemos que ser ágiles para llevar a cabo este proceso, según su diseño definitivo, y, para conseguirlo, va a ser importante el papel de las diputaciones provinciales, asistiendo y gestionando a pequeños y medianos municipios que cuentan con menos medios para desarrollarlos”, explica el presidente de la comisión de función pública de la FEMP y titular de la Diputación de Ávila, Carlos García González, en el informe de la federación municipalista en el que analizan el impacto del real decreto ley del Gobierno y que ha sido publicado en su revista.
