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Faro de Vigo

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Los concellos proponen cobrar a las caravanas por las áreas de servicio ante el bum de este turismo

Una autocaravana en Cabo Udra ante un cartel que prohíbe la acampada FDV

El conflicto entre vecinos, comuneros y caravanistas de estos días en el acceso a Cabo Udra, en Bueu, no es una excepción en Galicia, sino un síntoma de los espacios vacíos a la hora de regular la convivencia entre esa nueva modalidad de turismo y los residentes y resto de ciudadanos. Las dudas municipales son recurrentes y, por ello, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha puesto a disposición de los concellos un modelo de ordenanza municipal sobre esta cuestión, en la que aboga por establecer un precio para el uso de zonas reservadas para caravanas que cuenten con servicios como acceso a agua potable o puntos de vertido de residuos.

La pandemia de COVID-19 alentó un bum de caravanistas, atraídos por la libertad que ofrece esta forma de viajar y el aislamiento que permite, reduciendo al máximo los posibles contagios de la enfermedad. Y no para, con ya alrededor de 20.000 vehículos de este tipo matriculados en Galicia, incluidos los de alquiler. “Debido al aumento de la demanda, no solo en España, sino en Europa, para comprar autocaravanas hay listas de un año. El bum sigue estando ahí, no se fabrica tanto como se demanda”, explica Manuel Ángel Fernández-Arruti, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA).

Ante esta situación, algunas normas están claras, pero otras, no tanto. En el primer ámbito, que se considera que un vehículo de este tipo acampa cuando aumenta su perímetro, extendiendo toldos, mesas o incluso abriendo ventanas. En el segundo, si pueden estacionar en el centro urbano como un turismo, con sus dueños durmiendo en su interior. “A veces, la gente se queja de las autocaravanas, pero es un vehículo más, paga sus impuestos de circulación y, mientras no incumpla las normas, se trata de un vehículo más. Si acampa, que lo denuncien. Animamos a que se haga”, añade Fernández-Arruti.

Aun así, la situación no es tan clara. El mes pasado, la Policía Local de Santiago denunció tres casos de personas que dormían en sus autocaravanas estacionadas en el campus universitario sin extender ningún mobiliario, en contra de la ordenanza municipal. La norma estatal permitiría esa opción, pues se trataría de un estacionamiento común.

Ante esas dudas, la Fegamp decidió mover ficha. “Recibidas numerosas consultas respecto a la gestión de esta actividad por parte de la Administración local, la Fegamp elaboró una ordenanza municipal modelo que sirva de referencia a los concellos de la comunidad, además de ayudar a crear seguridad jurídica, y fomente el desarrollo económico y el aprovechamiento de este yacimiento turístico como fuente de riqueza”, señala la patronal local en su revista de verano.

Uno de los objetivos pasa por fomentar la paz entre vecinos y caravanistas, garantizando “la debida rotación y distribución equitativa de aparcamientos públicos entre las personas usuarias de las vías públicas y de otros espacios de uso o titularidad municipal”, según recoge el texto.

En su propuesta, la Fegamp aboga por diferenciar entre zonas de parada y estacionamiento reservado. En las primeras, las caravanas recibirán el mismo trato que otro vehículo, siempre que no amplíen su perímetro extendiendo toldos, mesas o similares y sin “emitir ruidos molestos”, por ejemplo, con una televisión. Las caravanas no podrán estacionar sin su cabeza tractora, añade. Además, en este punto abre la puerta a limitar el tiempo de estancia en el municipio para estos vehículos e incluso a cobrarles.

La ordenanza tipo también propone un precio por el uso de zonas reservadas, que contarían con servicios como suministro de agua potable, punto de vaciado de aguas negras y grises o contenedores para recoger la basura.

Este punto choca con la gratuidad de muchos puntos de similares características en Galicia que existen actualmente. Según AGA, la comunidad cuenta con 140 áreas de servicio.

En el caso de las sanciones, deja el abanico abierto para que cada concello determine las cuantías.

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