El pasado mes de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, presentó el mayor presupuesto autonómico de la historia para combatir la pandemia de COVID-19 y, por primera vez, avanzó la reserva de un fondo de 115 millones de euros destinado a medidas pactadas con oposición, sindicatos y patronal. Siete meses después, el destino de ese dinero estará dirigido únicamente por los designios del PP, grupo con mayoría absoluta y soporte del Ejecutivo gallego, al no haber logrado pactar ninguna inversión con la oposición de BNG y PSdeG.
Este es el balance de la comisión por la reactivación económica que reunión en la Cámara a decenas de expertos para diseñar una hoja de ruta con la que abordar el incierto futuro que deja la pandemia: remodelar los servicios públicos e impulsar una nueva economía más moderna, sostenible y tecnológica eran el leit motiv. Como bandera, el fondo de consenso de 115 millones.
PP, Bloque y PSdeG lograron pactar medio centenar de propuestas propositivas, generalistas, que abogan por solicitar a la Xunta mejorar en seguridad vial, en condiciones laborales del personal de los servicios de bienestar, la red de alerta epidemiológica... Entre PP y BNG incluso sellaron un acuerdo para demandar inversiones en ferrocarril al Gobierno central que suponen la hoja de agravios constante de la comunidad: la variante de Cerdedo, finalizar el AVE, apurar la conexión de alta velocidad con Portugal o modernizar la vía Vigo-Ourense, entre otras.
A la hora de materializar el consenso en algo palpable, como es la inversión de 115 millones –77 de fondos autonómicos y 38 del programa React de la Unión Europea–, el acuerdo resultó imposible. El PP votó a favor en solitario de su plan, con la oposición del BNG y la abstención del PSdeG. Ese plan supone destinar 42,7 millones a un fondo sectorial con 20 millones para inversiones estratégicas, 8,7 a deportes y cultura, 8,5 a turismo y 5,5 a rescate de autónomos y microempresas. Otros 26,5 irán a para a la transición ecológica y digital, con 12 para la gestión del agua, 6 para residuos orgánicos, 7 para eficiencia energética en edificios públicos, 1 para control del pastoreo y 0.5 para movilidad y sendas verdades. Otros 14,8 se destinarán a innovación: 10 a la puesta en marcha de centros de investigación, 3 a impulsar la biotecnología y 1,8 al sector aeronáutico del polo de Rozas (Lugo). Los 31 millones restantes están vinculados a cohesión social, con 12 para aumentar el servicio de ayuda en el hogar, 12,5 para inclusión, 4 para fomentar el empleo femenino y 2,5 para reforzar los equipos que valoran las discapacidades y reducir la lista de espera.
La oposición criticó el plan de la Xunta. La nacionalista Olalla Rodil censuró el “continuismo” que supone esa hoja de ruta, plasmada en un dictamen que ahora deberá aprobar el último pleno del período de sesiones (13-14 de julio). “Suenan a preludios de nuevos recortes” , aseguró, a pesar de que la propuesta del PP entierra el mantra de la austeridad al aportar por el endeudamiento público “como fuente de financiación de proyectos que aporten valor en los ámbitos de la transición energética y digital, la innovación y en los servicios sociosanitarios”, aprovechando la “buena situación económico-financiera y de solvencia” que presentan.
Más duro se mostró el líder socialista, Gonzalo Caballero, que acusó al PP de “convertir la comisión de reactivación en un mero trámite, que pasa de puntillas” por la recuperación, que la Xunta “deja en manos de los gallegos”.
En su intervención, acusó al Ejecutivo de Feijóo de dejarse vencer por la “inercia de la inacción y brazos caídos” y de mantener los 115 millones reservados para el fondo de consenso “metidos en el colchón de Feijóo”. Propuso aumentar 2.000 plazas en las residencias públicas o cubrir 5.000 puesto en sanidad.
Enfrente, el PP afeó a Caballero sus críticas. El portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, tachó de “indecente” decir que los fondos enviados por el Gobierno central “están en el colchón de Feijóo” y recordó que Galicia cerró el año pasado con déficit, gastando más de lo ingresado para combatir la crisis.
