A mediados del siglo pasado había 900.000 propietarios de tierras agrarias y forestales en Galicia, una cifra casi equivalente al número de empleos en el sector agrario. Es decir, los dueños de las fincas las trabajaban. Sin embargo, el panorama ha cambiado por completo. Hoy en día se contabilizan 1,7 millones de dueños de parcelas –las herencias han ido fragmentado cada vez más la propiedad– pero solo hay 49.000 ocupados en el campo. “La inmensa mayoría de los propietarios está desvinculado de la gestión de la superficie para usos agroganaderos o forestales”, advierte Edelmiro López Iglesias, del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago y experto en política agraria y desarrollo rural. Y le pone cifras: el 39 por ciento de la superficie rústica de Galicia, es decir 1.150.000 hectáreas, está en manos de propietarios no agricultores sin relación con el campo.
Y es en estas tierras donde hay que poner el foco. “No hace falta tocar la propiedad, la inmensa mayoría de los propietarios que nos las trabajan las cederían sin problemas a quien las quiera explotar”, explica López Iglesias, que participó recientemente en unas jornadas organizadas por la Consellería de Medio Rural sobre la Lei de Recuperación de Terras. “Hay que priorizar el aprovechamiento de estas superficies, en base a una ordenación de sus usos, frente a los derechos de propiedad”, propone.
Sin embargo, movilizar estas fincas no será fácil. Están repartidas “entre cientos de miles de propietarios”, según este experto, con una superficie muy pequeña por titular y con problemas en el acceso a los predios. “Esto conlleva una enorme dificultad para constituir unidades de producción viables, ya que exige integrar las tierras de un elevado número de propietarios”, explica.
Además de estas 1.150.000 hectáreas en manos de propietarios sin relación con el campo, hay otras 665.000 hectáreas de montes vecinales (ocupan el 23 por ciento del territorio). Pero esto no las libra tampoco del abandono. De hecho, la mayor parte de los comuneros en Galicia están desvinculados de la explotación del monte, a lo que se suma, en ocasiones, el deficiente funcionamiento de los órganos de gestión de las mancomunidades.
El resto de la superficie rústica en la comunidad autónoma, en torno al 29 por ciento, está integrada en explotaciones agroganaderas: suman 864.000 hectáreas.
Pero si se entra en detalle, de las 76.400 explotaciones con las que cuenta Galicia, solo 30.000 tienen “una actividad relevante”, es decir, tienen una producción superior a los 9.600 euros, según los datos de Edelmiro López.
Y, de ellas, solo se pueden considerar profesionales unas 10.000, menos de una séptima parte del total, pero que generan más de tres cuartas partes de la riqueza agraria. Sin embargo, estas explotaciones solo gestionan 282.400 hectáreas, el 10 por ciento del territorio.
Galicia experimentó un proceso de “desagrarización” desde mediados del siglo XX. Esto se traduce en un fuerte retroceso del espacio agroganadero. Así la tierras dedicadas al cultivo pasaron de ocupar el 53 por ciento de la superficie de Galicia a representar solo el 21 por ciento. De 1,5 millones de hectáreas en 1962 se pasó a solo 621.600 hectáreas.
Radiografía de la tierra agraria
Los años perdidos en las políticas contra el abandono
Mientras la maleza y el abandono fueron ganando terreno en el campo gallego, ¿qué políticas se aplicaron para frenarlo? El balance que hace Edelmiro López Iglesias en las jornadas organizadas por la Consellería de Medio Rural presenta más sombras que luces. En la segunda mitad del siglo XX la Xunta centró sus políticas de movilidad de tierras “exclusivamente” en la concentración parcelaria. Y sus efectos fueron “positivos”, según el experto en desarrollo rural, pero “de alcance limitado”. “Se constituyeron fincas de mayor tamaño y con mejores accesos, pero no alteró la dimensión de las explotaciones. Y su coste fue elevado y el proceso lento”, concluye. Entre 2006 y 2009 se pusieron en marcha nuevos instrumentos para movilizar la superficie agraria como el Banco de Terras. También se aprobó la Lei de prevención e defensa contra incendios y se crearon las UXFOR para promover la gestión conjunta de superficies forestales. Y entonces llegó un periodo de “práctico abandono” en las políticas de movilidad de tierras: entre 2009 y 2017. Se mantuvieron los instrumentos jurídicos del anterior periodo pero no hubo “un impulso real” en la aplicación de esas herramientas. El punto de inflexión lo macó la oleada de incendios de octubre de 2017. Esta nueva crisis incendiaria supuso “un giro radical” en las políticas contra el abandono y se empezaron a articular medidas de choque, entre ellas La Lei de Recuperación de Terra Agraria. Edelmiro López Iglesias cree que esta nueva norma es “una caja de herramientas” y queda ahora pendiente su aplicación práctica. En todo caso, lamenta que se perdiera casi una década en la que los problemas de abandono del campo se agravaron.
