Acabar con la vida de una exuberante águila imperial ibérica, especie catalogada en peligro de extinción, está estimado en Albacete en 60.000 euros; “700.000 pesetas” –aún están así expresados los 4.200 euros– si se produce en Murcia o 30.000 euros si el acto tuvo lugar en Jaén. Y eso, que se trata de la misma especie. Es decir, matar un ejemplar de fauna silvestre protegido en España no cuesta lo mismo en una comunidad que en otra, ni en una Estado miembro de la UE que en otro.
En el caso de Galicia, además, es junto con Aragón la única comunidad en la que no existe ese listado por especies de valoración de fauna silvestre –hay 15 comunidades que sí tienen normativa propia–. Galicia se rige por la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia, que establecen criterios generales para la evaluación de las sanciones, en el caso de infracciones –tienen en cuenta el ánimo de lucro, la reincidencia, la intencionalidad o si es un delito organizado–. Al final, queda en manos de la Administración y de los jueces establecer la horquilla de las indemnizaciones, tanto por daños cinegéticos como por accidentes naturales.
“Estos listados, además de para imponer sanciones económicas, sirven para calcular el daño o la responsabilidad civil”
“Estos listados, además de para imponer sanciones económicas, sirven para calcular el daño o la responsabilidad civil”, explica a FARO el responsable del programa legal de la ONG “Seo BirdLife”, David de la Bodega, que acaba de presentar al Gobierno un informe para paliar esta anomalía. Esta nueva metodología propuesta afectaría al catálogo español de especies protegidas y amenazas o con protección especial y persigue que abatir a estos animales “no salga gratis”.
El experto ejemplifica con el caso del ‘arao’, una de las aves más afectadas, por ejemplo, por los daños del Prestige. “Si Galicia hubiera tenido un listado de evaluación de fauna, se podría haber hecho por ejemplo un recuento o estimación de todos ejemplares afectados por la marea negra y tendría una valoración económica objetiva, en base de ese listado, y hacer una solicitud de indemnización al Fondo de compensación por vertidos de hidrocarburos”, explica.
“La indemnización solicitada por los daños del ‘Prestige’ hubiera sido mucho mayor si hubiera un listado en Galicia”
¿Qué paso entonces en Galicia? David de la Bodega explica que, al carecer Galicia de ese listado se aplicó por primera vez en España la ‘valoración del contingente’. Un sistema basado en consultas a la ciudadanía.
Para el caso de una especie en peligro en extinción, el arao común, la especie más gravemente afectada por el accidente del Prestige y del que antes del vertido, solo existían dos colonias reproductoras de este tipo de ave en Galicia.
El Prestige afectó a estas colonias locales además de a la población hibernante de araos procedente del norte de Europa. Se preguntó a 663 personas de una docena de ayuntamientos cuánto estarían dispuestas a pagar para recuperar la población de arao. El resultado fue que cada uno de los encuestados contribuiría con una media de 24 euros en un programa de recuperación de esta especie amenazada.
“El valor del arao está en pesetas en el listado de Canarias y tiene un valor de 300 euros; es decir, muy superior”
Esta cifra supone que, para el total de la población gallega, la recuperación del arao tenía un valor de 21,9 millones de euros. Si el arao no se recuperara, se debería abonar esta cifra a la sociedad gallega para ‘compensar el detrimento en la calidad ambiental”. “Se presentó esa reclamación a la compañía, por este método”, explica el experto en normativa ambiental David de la Bodega. ¿Qué diferencia existe con respecto a otras comunidades actualmente? “El valor del arao está en pesetas en el listado de Canarias y tiene un valor de 300 euros; es decir, muy superior”, matiza. “La indemnización solicitada hubiera sido mucho mayor”, matiza.
Ante la ausencia en España de una normativa estatal básica que establezca la valoración de especies en función de un baremo económico uniforme y para armonizarlo, “Seo BirdLife” presentó un informe al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para su consideración y aprobación. Se facilita además una propuesta normativa que recoge la metodología de valoración de fauna protegida para su aplicación en todo el territorio nacional. “Presentamos una propuesta legislativa y nos consta que el ministerio está trabajando en ello”, reconoce De la Bodega. El siguiente paso sería que el Gobierno se lo plantee a las comunidades.
En las dos comunidades donde no constan baremos de valoración, Aragón y Galicia, tanto en sus respectivas leyes de conservación como de caza, también se establece la obligación del infractor de reparar el daño causado, reparación cuya finalidad será lograr la restauración del medio ambiente a su estado anterior a la comisión de la infracción. Sin embargo, su determinación queda a discreción del criterio técnico motivado que conste en la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, fijando en el caso de Galicia un límite máximo respecto al valor del beneficio económico obtenido por el infractor.
La metodología ahora propuesta se basa en una fórmula matemática que parte de un coste base para todas las especies de 300 euros, que es el precio mínimo que se establece por los gastos derivados de la investigación de la infracción. A esa cantidad se suman una serie de criterios correctores referidos al nivel de protección de la especie y es posible añadir otros factores de corrección en función del daño producido.
