Las franjas de protección alrededor de los núcleos de población e instalaciones industriales para prevenir incendios las implantó la Xunta bipartita, si bien con la llegada posterior del PP a San Caetano, las distancias sufrieron modificaciones –se redujeron– para que los desbroces fueran más operativos ante el alto grado de incumplimiento de las disposiciones originarias. Ahora, el Gobierno gallego ha abierto un proceso de revisión sobre la anchura de estas franjas de 50 metros que rodean las poblaciones y que tienen que estar limpias de matorral. Pero los cambios, de aprobarse, no se aplicarán este año, sino que se recogerán en la nueva ley de prevención de incendios, que se ratificaría el próximo año, según el calendario legislativo que maneja la Administración autonómica.
La redacción de este texto legal ya lleva meses sobre la mesa, desde noviembre del pasado año. La Universidade de Vigo es la encargada de coordinar los trabajos preparatorios en los que participan expertos de la institución académica, de la Xunta y de los principales actores que operan en el sector forestal y que ya han tenido varias reuniones.
El objetivo es someter a una profunda revisión la ley de prevención de incendios y uno de los aspectos concretos que se están debatiendo es la operatividad de los desbroces en las franjas de seguridad, que año tras año se quedan muy por debajo de los objetivos dada la ingente superficie de monte que hay que limpiar para impedir que las llamas lleguen a los núcleos de población.
La Consellería do Medio Rural admitió que precisamente la anchura de estas franjas es uno de los asuntos que se está revisando, si bien el resultado final no está definido a estas alturas. En todo caso, si hay cambios, se aplicarían a partir del próximo año. Para este no hay modificaciones, entre otras cosas porque el 31 de mayo ya deberían estar desbrozadas las miles de hectáreas afectadas por la obligación mantenerlas sin maleza. El pasado año, por motivo de la pandemia, se relajaron los plazos, pero en este 2021 vuelve a regir la fecha límite del último día de mayo.
50 metros de distancia
La actual normativa establece con carácter general una franja de seguridad –la llamada secundaria– de 50 metros de ancho alrededor de los núcleos de población. No puede haber maleza ni especies pirófitas como pino, eucalipto o acacia, aunque sí frondosas y frutales separados entre sí.
Estas disposiciones provocan que sean miles de hectáreas las que se tengan que desbrozar cada año a cuenta de los particulares. Pero como los objetivos no se cumplen, a pesar de los requerimientos que envía la Xunta a los propietarios, se han lanzado programas para contribuir a agilizar estas tareas, como convenios entre los concellos y la empresa pública Seaga o la iniciativa de la Consellería do Medio Rural de despejar de maleza, en un plan piloto, los alrededores de las denominadas aldeas modelo.
A ello se suman las sanciones por incumplir la ley o que las administraciones puedan cargar los costes de la limpieza al propietario por gestionar la biomasa de forma subsidiaria.
Preocupación de los propietarios
En una de las reuniones de la fase de preparación de la nueva ley coordinada por la Universidade de Vigo, el sector forestal trasladó la preocupación de los propietarios por las tareas de mantenimiento de estas zonas de seguridad, que son de tres tipos y cada una con regulaciones específicas: redes primarias, para proteger las infraestructuras de transporte y comunicación; secundarias, destinadas a salvaguardar de las llamas los núcleos de población; y terciarias, para preservar los montes.
Y son los propietarios los encargados de la limpieza del monte, teniendo que asumir tanto el coste continuado del cuidado como, según el sector forestal, la pérdida de producción por las limitaciones a las plantaciones de eucalipto y pino en las proximidades de los cortafuegos o poblaciones. Lo que planteó el sector fue que los costes de mantener estas servidumbres de protección sean asumidos por las administraciones públicas y no por lo propietarios, además de que las medidas de control de la biomasa sean más fáciles y menos gravosas, lo que contribuiría a dar mayor viabilidad y aceptación por parte de los dueños de las fincas.
Medidas suavizadas
En todo caso, con el PP en la Xunta las restricciones se han suavizado bastante con respecto a las dispuestas por el bipartito. Inicialmente la distancia de seguridad, como norma general, era de 100 metros, una franja que tenía que estar desbrozada antes del inicio de la temporada de incendios, que luego se bajó a 50 metros. Y si antes tampoco se podían plantar especies pirófitas a menos de 50 metros de los núcleos de población, posteriormente se rebajó a 30 metros, aunque luego, en 2018, se volvió a subir a 50 metros.
También se introdujo otra medida para suavizar la norma, de forma que se permitió la existencia de frondosas y frutales más cerca de las casas y de campings, gasolineras o instalaciones industriales, por entender que estos árboles con su sombra retardan el crecimiento de la maleza en el suelo y, por otra, evitan el fuego salte de copa en copa.
