La Xunta perdonará a las pymes que se han beneficiado de 18 millones de euros de ayudas públicas en los últimos cinco años que no cumplan con sus compromisos de creación y mantenimiento de empleo siempre que justifiquen que se han visto perjudicadas por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID. Aunque las bases para la concesión de estos fondos dejaban claro que si no conservaban su plantilla o no creaban los puestos de trabajo prometidos deberían devolver las subvenciones, finalmente el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, renuncia a exigirles el reintegro del dinero.
Y así queda constatado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que ayer modificó la resolución de dos convocatorias de ayudas dirigidas a proyectos de inversión empresarial y cofinanciadas al 80 por ciento con fondos FEDER: más de 14 millones de euros proceden de la UE y el resto los aportó la Administración autonómica.
“Se establecían una serie de requisitos, condicionantes y puntuación vinculados a la creación y mantenimiento del empleo que conllevaban los proyectos de inversión y que, en el actual contexto de COVID-19, pueden ser difíciles de conseguir o alcanzar por las empresas beneficiarias”, explica la Xunta.
Las ayudas fueron convocadas en diciembre de 2015 y mayo de 2017 y estaban dirigidas a mejorar la competitividad de las pymes. Se establecían dos líneas de subvenciones. Una centrada en la inversión de equipos productivos como gasto en maquinaria y otros bienes de equipamiento para ampliar capacidad, diversificar la producción o cambiar el proceso de producción existente.
La otra línea estaba enfocada a inversiones que generaran empleo como obra civil, es decir, adquisición de terrenos, oficinas o laboratorios, construcciones nuevas o ampliaciones.
Las ayudas cubrieron entre el 10 y el 20 por ciento de la inversión que realizaron estas pymes. La cuantía que percibió cada empresa se estableció, entre otras cosas, en función del empleo que se comprometieron a crear a raíz de estas mejoras. Y, además, la Xunta introduce una cláusula para que estas compañías que se hayan beneficiado de fondos públicos mantengan el empleo mientras dure la ejecución del proyecto y hasta tres años después de finalizadas las inversiones.
¿Y qué pasa si no cumplen? Si no crean los puestos de trabajo comprometidos, las bases iniciales de las ayudas advertían de que se les retiraría la parte correspondiente de la subvención que les fue concedida con cargo a esos empleos. Y si no mantienen la plantilla en el periodo exigido se les exigiría la devolución total de la ayuda pública recibida o el reintegro parcial siempre que la variación del empleo estuviese por debajo del 10 por ciento.
Pero estas penalizaciones acaban de ser modificadas por el Igape para dar un balón de oxígeno a aquellas pymes más golpeadas por la actual crisis económica y para las que hacer frente ahora a la devolución de la ayuda podría convertirse en su sentencia de muerte.
Fondos para obras y maquinaria
Las ayudas están dirigidas tanto a la compra de equipos productivos y maquinaria como a la adquisición de terrenos y obras.
Financiadas con fondos FEDER
Los 18 millones de euros en ayudas destinadas a pymes están cofinanciadas en un 80 por ciento con fondos europeos FEDER
A más empleos, más ayudas
La cuantía que recibieron las empresas fue mayor conforme hubo un mayor compromiso en la creación de empleos.
Conservar los puestos
Además las compañías beneficiarias debían comprometerse a mantener los puestos de trabajo durante tres años.
Sin penalización
“Debido a que existen proyectos beneficiarios de estas ayudas afectados por la crisis sanitaria y de sectores con su actividad prácticamente paralizada, se considera oportuno limitar las consecuencias que pudiesen tener los incumplimientos de creación y mantenimiento de empleo”, explica el Igape. Así quedan libre de castigo los incumplimientos posteriores al 14 de marzo de 2020: “no tendrán ninguna consecuencia sobre la ayuda”.
Las empresas de sectores especialmente afectadas por la crisis del COVID, entre las que se encuentra la hostelería, el sector del turismo, gimnasios o compañías de transporte, ni siquiera necesitarán acreditar la causa de los incumplimientos en materia de empleo.
Mientras, el resto de pymes deberán justificar una caída del importe neto en su cifra de negocios como mínimo del 25 por ciento y para ello deberán presentar la documentación que acredite su estado financiero.
