El real decreto del pasado sábado que regula los 7.000 millones de euros de ayudas directas a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) contiene una exigente letra pequeña. Son las comunidades autónomas las que asumirán la gestión de este dinero –procedente del Estado– destinado a paliar los efectos de la pandemia, pero solo dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para canalizar esta inyección de capital hacia el tejido económico. El dinero que para entonces no hayan gastado los gobiernos autónomos se tendrá que devolver a las arcas del Estado. Galicia contará con 220 millones de euros, si bien la Xunta considera que deberían ser 330 si se hiciera un reparto similar al empleado para la financiación autonómica. “Con este reparto que va en contra de la cohesión territorial, el Gobierno penaliza tanto a la hostelería como al comercio gallego, ya que utiliza criterios diferentes de los habituales”, se queja la Consellería de Economía.
El contar con unos plazos tan exiguos obligará a las administraciones autonómicas a sacar músculo para poder tramitar en tiempo todas las ayudas. Pero antes de poder “adjudicar” los fondos, se deben completar unas fases previas que hacen pensar que el sistema no empezará a rodar hasta principios de mayo. Porque el dinero se transferirá a las autonomías a mediados de abril ya que antes hay que firmar los respectivos convenios y la Agencia Tributaria tiene que montar la plataforma con la que certificará las caídas de ingresos usando los datos de IVA, ya que el descenso de la facturación –al menos un 30% con respecto a 2019– es el principal criterio para optar a las ayudas.
Proceso a contrarreloj
Y a partir de aquí, las comunidades autónomas deben iniciar el procedimiento administrativo puro para gestionar los fondos, destinar personal con carácter prioritario a esta función y montar la estructura de apoyo. Luego son las empresas las que deben presentar las solicitudes y la documentación para acceder a la ayuda, a lo que seguirá la comprobación con Hacienda.
La Xunta sostiene que estos fondos “llegan muy tarde” y que por ahora resulta prematuro valorar si tendrá tiempo para gestionar los 220 millones antes del 31 de diciembre. “Porque ahora mismo quien tiene que cumplir los plazos es el Estado, que los incumple una y otra vez”, censura. En todo caso, asegura que dispone de un sistema de reparto de ayudas “altamente eficaz” como ya “demostró” en sus dos planes de rescate.
Para el conjunto de España, el Gobierno ha dispuesto 7.000 millones de euros en ayudas directas para pymes y autónomos, si bien 2.000 se distribuirán exclusivamente entre Canarias y Baleares. El resto, 5.000 millones, es para la España peninsular. Para su reparto, el Ejecutivo central usó indicadores de renta, desempleo y paro juvenil, el mismo criterio al que recurrió para la asignación de los fondos europeos React-EU.
Fondos finalistas
Y el dinero tendrá un carácter finalista, por lo que deberá dedicarse a atender “sus obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos”, siempre y cuando estas obligaciones se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Además, tienen que estar al corriente de sus obligaciones y no estar incursos en procesos concursales ni en crisis previas a la pandemia, mantener su actividad al menos hasta el 30 de junio de 2022 y no repartir dividendos ni aumentar la remuneración de sus directivos.
Los potenciales beneficiarios tienen que estar encuadrados en alguna de las 95 actividades recogidas en el real decreto del sábado y las ayudas a las que se pude optar oscilan entre los 3.000 y los 200.000 euros.
Decisión arbitraria
El reparto entre las autonomías no convence para nada a la Xunta, que considera que le han asignado 110 millones menos de los que les corresponden por no utilizarse los baremos del sistema de financiación autonómica. “Es una decisión arbitraria, con criterios subjetivos que no son equitativos y lo único que generan es desconfianza e inestabilidad”, se lamenta Economía.
Precisamente ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo una conversación telemática con su homólogo en la región francesa de Nueva-Aquitania, Alain Rousset, en el que ambos defendieron el papel y la capacidad de las regiones para gestionar los fondos europeos. Durante su conversación, Feijóo aprovechó para profundizar en sus críticas a la gestión de los 140.000 millones que llegarán desde la UE: “En España no se sabe cuáles son los criterios de reparto”.
