El patrimonio público en manos de la Xunta supera los 8.800 inmuebles. Colegios, centros de salud, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas, oficinas... Y, además del necesario gasto en su mantenimiento y conservación, estos bienes pueden sufrir accidentes, destrozos por inclemencias meteorológicas o ser objeto de robo o expolio. Desde mediados de 2017 el Gobierno gallego dio parte al seguro de casi 800 siniestros, por los que cobró de la aseguradora una cuantía superior a los 4 millones de euros. Ahora toca renovar la póliza y la Consellería de Facenda acaba de licitar un nuevo contrato. Debido al encarecimiento del mercado de seguros, ofrece incrementar en un 20 por ciento la prima anual que pagará por cubrir todos sus bienes muebles e inmuebles.
Si en los dos últimos años el coste del seguro para la Xunta se situó en 1,2 millones de euros anuales, ahora el Gobierno gallego propone abonar 1,5 millones, importe al que se suman otros conceptos como el impuesto sobre el seguro, el recargo de la liquidación de las entidades aseguradoras o el recargo para el Consorcio de Compensación de Seguros, de manera que la factura total de la póliza para la Administración autonómica ascenderá a 1,65 millones de euros al año.
“Se han tenido en cuenta los datos del mercado con una tendencia al alza y la cada vez mayor limitación de coberturas debido a la presencia de nuevos riesgos”, explica la Xunta para justificar el incremento del gasto en el nuevo seguro.
De media cada año los bienes que son de titularidad autónomica sufren una media de 240 siniestros. El periodo con más expedientes por daños declarados al seguro fue entre julio de 2017 y julio de 2018: se alcanzaron los 252 partes. Sin embargo, no fueron los más cuantiosos económicamente. El mayor importe cobrado al seguro se registró el pasado año. En la segunda mitad de 2020 se declararon 77 siniestros y el valor de los destrozos se situó cerca de los 1,4 millones de euros, la cifra más elevada de los últimos tres años y medio.
Con la nueva póliza se aseguran los edificios e instalaciones de titularidad pública, así como las obras de mejora que acometa la Xunta. Pero también quedará cubierto su contenido, desde el mobiliario, a la maquinaria o los equipos informáticos. Se incluirán también las obras de arte que atesore la Administración autonómica.
Quedan fuera de la póliza, sin embargo, los daños provocados por insectos o roedores, los desperfectos por moho o putrefacción, los perjuicios ocasionados por pandemias y los ataques cibernéticos.
El contrato que licita Facenda establece una serie de límites en las indemnizaciones que recibirá por siniestro. En caso de avería de maquinaria podrá cobrar hasta 600.000 euros, este mismo tope se fija para casos de robo o expolio. Si el robo es de dinero en metálico la cuantía máxima que se fija es de 30.000 euros y si es un empleado público el que comete el hurto la indemnización podría alcanzar los 6.000 euros. Además por gastos de extinción de incendio el Gobierno autonómico podría recibir hasta 400.000 euros. Y para reponer archivos o ficheros otros 600.000 euros.
