La costa gallega está salpicada de numerosos inmuebles que actualmente están sin uso alguno y cuya rehabilitación para devolverles la vida es sumamente compleja por encontrarse dentro del dominio público marítimo-terrestre y exigir, para su reforma, un engorroso y excepcional trámite regulado por la Ley de Costas. En esta situación se encuentran desde antiguas fábricas de salazón hasta pazos, pasando por instalaciones conserveras, alpendres, cetáreas y toda clase de construcciones tradicionales que conforman la fotografía del litoral gallego. Con el objetivo de revertir este escenario, la Xunta “exigirá” al Gobierno central una reforma puntual de la Ley de Costas para permitir rehabilitar estas antiguas y abandonadas construcciones y destinarlas a nuevos usos, tanto privados –viviendas, apartamentos...– como públicos.
La iniciativa parte del PP, que la está tramitando en el Parlamento, y dado que tiene mayoría absoluta, se aprobará próximamente. En la proposición no de ley se demanda a la Xunta que “exija” al Gobierno central esa reforma legal puntual para así “permitir la protección y la puesta en valor de las edificaciones tradicionales que componen el paisaje característico” de la costa gallega y que ya existían con anterioridad a la aprobación de la norma estatal que regula el litoral, fechada en 1988, y que por tanto, son legales a todos los efectos.
Según el PP, son “numerosas” estas construcciones, la mayoría de ellas “inoperativas”. Y ninguna de ellas está calificada como Bien de Interés Cultural (BIC), para las que sí existe una vía específica más ágil de intervención para evitar su deterioro.
Pero la fórmula establecida para recuperar esos edificios abandonados que no tienen la categoría de BIC es tremendamente compleja, pues la Ley de Costas establece un cauce extraordinario, de forma que para acometer cualquier reforma se exige como paso previo la autorización del Consejo de Ministros, lo que no suele ser nada habitual. “Recurrir a este trámite excepcional supone una dilación inasumible para la recuperación de pequeños elementos tradicionales, que generan una valor añadido al litoral”, expone el Partido Popular en su iniciativa parlamentaria.
Por ello, se pide articular una vía similar a la utilizada para conservar inmuebles BIC ubicados en el dominio público marítimo-terrestre. “Es necesario modificar la Ley de Costas para hacer extensible el régimen contemplado para los bienes de interés cultural a todas aquellas construcciones que gocen de algún tipo de protección patrimonial en virtud de la normativa sectorial en materia de patrimonio cultural, tanto autonómica como estatal”, argumenta el grupo parlamentario.
Fuentes del PP indicaron que el objetivo final es recuperar la actividad en estos edificios, dándoles nuevos usos, indistintamente de que sean públicos o privados, y que no se cierran a ninguna posibilidad sobre sus futuras dedicaciones, que bien podrían ser viviendas, apartamentos turísticos, bibliotecas o ludotecas o cualquier otro recogido en los planeamientos municipales.
Desde su aprobación, la Ley de Costas ha supuesto un quebradero de cabeza para las construcciones ya preexistentes antes de 1988, sobre todo para aquellas que no pueden demostrar que se construyeron antes, y para las posteriores.
Concellos que solicitan la regularización en 2018-Simón Espinosa| Pinche en en la imagen para ampliar
El Ejecutivo gallego pide acelerar la reforma que limitará los efectos de la anulación de un PXOM
Las ciudades de Vigo y Ourense, primera y tercera de Galicia, carecen de planeamiento urbanístico actualizado porque fueron anulados en 2015 y 2011, respectivamente, volviendo a recuperar su vigencia los anteriores, con lo que el desfase de sus disposiciones con la realidad y las necesidades presentes es muy notable. Este mismo problema afecta a otros municipios gallegos y del resto de España, ya que en cuanto se anula un PXOM, la ley obliga a empezar de cero con toda la tramitación y no se puede aprovechar nada del trabajo anterior. En 2018 el Gobierno central anunció un proyecto de ley para corregir este problema, permitiendo salvar parte del planeamiento y de los trámites aun cuando resultara anulado. Pero desde entonces, poco se ha avanzado en la nueva norma. Por esta causa, la Xunta se dirigirá al Gobierno central para que acelere la elaboración de esa ley que permitirá “modular el efecto devastador” de la suspensión de los planes de ordenación urbanística. La propuesta parte del PP en el Parlamento gallego, que pone el acento en las “terribles consecuencias” que tiene para un ayuntamiento el quedarse sin planeamiento con el actual marco jurídico, ya que se tiene que recuperar el anterior –a veces con una antigüedad de más de 30 años– y volver a realizar un nuevo plan con el enorme coste en tiempo, personal y medios que eso requiere. Esa reforma legal que estaba ya anunciada propone soluciones para salvar lo que se pueda de los planeamientos anulados, separando, por ejemplo, las disposiciones generales de los actos administrativos, de forma que no haya que empezar de cero, evitando así “consecuencias desproporcionadas”.
