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La morosidad de particulares y empresas con los concellos llega a los 445 millones

La morosidad del concello se fue incrementando en los últimos meses. // Iñaki Osorio

Como cualquier empresa, la administración local también tiene que lidiar con impagos. Y esta cuenta de morosidad no es menor, por lo que supone un importante lastre en sus finanzas. En el conjunto de Galicia asciende a 465 millones de euros, de los que 445,5 corresponden en exclusiva a los ayuntamientos. El resto, ya en cifras muy inferiores, se reparte entre las diputaciones provinciales (17,2 millones) y varias mancomunidades (3,2).

Del cálculo de este agujero se encarga el Ministerio de Hacienda, tomando nota de los informes que le envían periódicamente las entidades locales, y lo encuadra en el epígrafe “saldo de dudoso cobro”, que a veces resulta de imposible recuperación. Son las deudas que particulares y empresas tienen con las arcas municipales y, en menor medida, con las provinciales. En la liquidación de los presupuestos correspondientes al año 2019, Hacienda ha notificado un total que supera los 465 millones de euros.

En esta partida se incluyen todos aquellos derechos pendientes de cobro que tienen las haciendas locales calificados como de difícil o imposible. Estas deudas las conforman tasas, impuestos, multas, facturas por servicios que prestan las empresas municipales, sentencias sin ejecutar en las que los ayuntamientos son perceptores de una indemnización u operaciones de monetarización de suelo en las que los promotores deben abonar a las arcas municipales una cantidad determinada de dinero. También figuran las obligaciones fiscales pendientes de satisfacer por parte de empresas que han quebrado.

Aún así los municipios son las administraciones con las cuentas más saneadas. Las liquidaciones del año 2019 –todavía provisionales– muestran que en Galicia cerraron sus presupuestos con casi un centenar de millones de superávit, repitiendo por octavo año consecutivo con más ingresos que gastos. Ninguna otra administración, en su conjunto, presenta una mejor situación contable a pesar de que el sistema de financiación no es nada generoso con los municipios.

HUGO BARREIRO | Pincha en en la imagen para ampliar

Tradicionalmente, eran los concellos de la provincia de Pontevedra los que acumulaban más impagos. Pero en esta ocasión, son los de las A Coruña los que tienen más volumen de cobros dudosos, con algo más de 168 millones de euros.

Ya en segundo lugar figura Pontevedra, donde sus ayuntamientos suman 150,7 millones de euros de muy comprometida recaudación. Es cantidad supone casi 20 millones menos que la cifra registrada en la liquidación de 2018, lo que le ha permitido abandonar la primera posición.

En los de Lugo y Ourense, las cifras son bastante inferiores con respecto a las provincias atlánticas. Los concellos lucenses tienen casi 58 millones de dudoso cobro, mientras que los ourensanos se acercan a los 69. En total, en un año rebajaron los saldos de dudoso cobro en diez millones, pues si bien se redujeron en los concellos de Pontevedra –en los de Lugo apenas hubo variaciones–, aumentaron en los de A Coruña (7 millones) y en los de Ourense (2,4).

Las diputaciones solo tienen 17,2 millones de euros de difícil o imposible recaudación, aunque el Ministerio de Hacienda no detalla su distribución entre las cuatro corporaciones provinciales, de la misma forma que tampoco lo hace por ayuntamientos. Tan solo da los datos globales, pero en 2016 casi el 34% de la morosidad se la repartían las tres ciudades con más de 100.000 habitantes (A Coruña, Vigo y Ourense).

En el conjunto de España, las cifras resultan mucho más abultadas, ya que los municipios tienen nada menos que 13.794 millones de euros calificados como de muy difícil recaudación. Una cifra que casi triplica los registros del años 2010, cuando este capítulo ascendía a 4.541 millones de euros. Con respecto a las cuentas de 2018, las deudas se incrementaron en 400 millones más.

Al cierre del año 2019, las administraciones locales de la comunidad autónoma tenían derechos reconocidos –ingresos confirmados– por importe de 2.897 millones de euros, siendo la partida más importante los 1.295 procedentes de transferencias corrientes del Estado. Por contra, los gastos apenas superaron los 2.800 millones, de ahí el superávit de casi 100.

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