Bien a instancia de sus propios inspectores, que hacen requerimientos a algún centro para que solucione algún problema detectado en una visita, o bien a título particular, desde entidades o de algún ciudadano, la Xunta tramita de media una queja al día por alguna presunta irregularidad, sobre todo en centros de mayores, como residencias, o en los de menores, por ejemplo las escuelas infantiles. En la memoria de la Consellería de Política Social del pasado año figuran un total de 446 denuncias o reclamaciones tramitadas, casi un 20% más que las que constaban un año antes.
Al tiempo, los expedientes sancionadores incoados desde la Administración gallega por estos motivos pasaron de los 9 –el mínimo contabilizado desde 2012– hasta un total de 23 incoados durante el año 2019. Y son expedientes que, como explican desde el departamento de Política Social, es muy raro que no acaben en sanción. No obstante, matizan que esos expedientes, o al menos una parte de ellos, pueden tener su origen en denuncias o inspecciones realizadas en años anteriores.
Con todo, el incremento de estas cifras de expedientes no está vinculado a que de repente los centros que atienden a los mayores o a los niños sean más descuidados o cometan más irregularidades, sino que desde el departamento que dirige Fabiola García lo relacionan “principalmente” con el incremento de la actividad inspectora. Se inspecciona más y por eso se hacen más requerimientos. Precisamente esta labor fiscalizadora de los servicios se inspección creció a lo largo del pasado año en el entorno de un 20%, en línea con el aumento experimentado por las denuncias.
De hecho, desde Política Social enfatizan que en 2019 se superó incluso el objetivo fijado en el plan de inspección anual, dado que se llevaron a cabo 160 visitas más –un 12 por ciento– de las que estaban previstas antes de arrancar el año. En total, se realizaron 1.516, a una media de unas 30 por semana.
La mayoría de las inspecciones, prácticamente cuatro de cada diez, estuvieron centradas en el área de familia y menores. El “elevado” número de visitas de control en esta área, aducen desde la Administración, va en consonancia con el “importante” número de recursos de servicios sociales destinados a las familia y a los niños, con un total de 770. De ese modo, no se trata, inciden, de que se produzca un incremento “significativo” de irregularidades en este tipo de instalaciones y servicios. Al respecto, la Xunta recuerda que en las inspecciones ordinarias se visitan todos los centros si se trata de instalaciones para menores, puntos de encuentro familiar, agencias de adopción internacional o en lo relativo a lo que es la puesta en funcionamiento de casas nido.
En el caso de estas últimas, el procedimiento que reguló las bases para dar ayudas para poder establecer estas guarderías del rural también fijó que deben ser inspeccionadas antes de recibir la subvención de la anualidad. De ahí, señala Política Social en su memoria, el incremento significativo del número de inspecciones en el área de familia. Lo propio, añaden, ocurrió con las casas del mayor.
Si bien las autoridades aseguran que no hay un perfil de entidad o centro infractor, sí admiten que “la mayoría” de los expedientes que son abiertos se producen en el área de mayores y de familia y menores. En contraposición, añaden, la incidencia sancionadora es “mucho menor” en áreas como las de atención a la discapacidad o inclusión social.
¿Y de qué irregularidades se trata? Las principales causas de infracciones están vinculadas con el incumplimiento de la proporción de personal necesario para atender el servicio o no contestar a los requerimientos de Inspección.
