Con la pandemia los profesionales sanitarios se convirtieron en héroes nacionales, afrontaron la lucha contra el virus con muchas horas de trabajo, agotamiento físico y desgaste psicológico pero muchos de ellos también en una situación de precariedad laboral. Cuatro de cada diez trabajadores del Sergas son eventuales. La temporalidad en la sanidad pública gallega se disparó un 60 por ciento entre 2012 y 2018, según los datos del Consello de Contas. Pero la situación no mejoró tampoco en el último año. Las últimas estadísticas de la Xunta reflejan un descenso 400 empleados fijos en hospitales y centros de salud en 2019.
El deterioro respecto a 2012 ha sido notorio. Hace seis años solo el 26 por ciento de la plantilla era temporal. Ahora llega al 40 por ciento. Según el último informe de fiscalización del Consello de Contas con datos de 2018, de los 38.551 profesionales del Sergas, un total de 15.554 son eventuales. Aunque estas cifras incluyen a todos los trabajadores de la sanidad gallega, es el personal sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería…) los que más sufren la temporalidad. Entre 2012 y 2018 se han perdido 4.500 plazas en propiedad y, por el contrario, se ha elevado la plantilla con 5.832 temporales.
Y esta tasa de temporalidad no se ha corregido en el último año. Aunque las estadísticas de Función Pública de la Xunta no son coincidentes con las del Consello de Contas puesto que ofrecen el dato de plazas a fecha del primer semestre de cada ejercicio, mientras que el órgano fiscalizador ofrece una media diaria de efectivos a lo largo de un año, sirven para confirmar que la tendencia no se ha revertido. En 2019 el número de fijos se redujo a 23.406, un 1,7 por ciento menos que el año anterior.
¿Qué consecuencias acarrea este incremento de la temporalidad? En primer lugar, la precariedad laboral que sufren los profesionales. Los que están en peor situación son los que están en las listas de contratación para llamamientos de corta duración (pool) que viven pendientes del teléfono a la espera de una llamada del Sergas y encadenan contrato tras contrato. Y de ahí que, según denuncian sindicatos y colegios profesionales, muchos prefieran hacer las maletas y marcharse, lo que deja ahora a la sanidad gallega, cuando más lo necesita, en una situación de déficit de médicos y enfermeras.
Pero también afecta a la calidad de la sanidad, puesto que la frecuente movilidad de los profesionales impide dar una continuidad en la atención a los pacientes.
La temporalidad afecta más a los hospitales, que perdieron desde 2012 un total de 3.700 profesionales fijos (un 18% menos), mientras ganaron 4.788 temporales. En Atención Primaria las plazas en propiedad bajaron en 855 (-12%) y aumentaron en 1.044 los temporales.
El origen del problema está en la pasada recesión económica de 2008 que impuso la política de austeridad y recorte de personal en las administraciones. Fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, quien introdujo limitaciones en la tasa de reposición de efectivos en las plantillas públicas y que afectó también al ámbito sanitario. En 2009 solo se permitió a las comunidades cubrir mediante oposiciones el 30% de las vacantes de la sanidad pública, porcentaje que luego se rebajó al 10%. Cuando el PP llegó al Gobierno en diciembre de 2011 y Mariano Rajoy se puso al frente se mantuvieron estas restricciones hasta el 2014. En 2015 de abrió la mano al 50% y a partir de 2016 ya se permite cubrir el 100 por cien pero de las vacantes registradas ese mismo año, no de las plazas que dejaron de cubrirse desde 2009.
Y mientras se limitaba la convocatoria de plazas en la sanidad, en Galicia el progresivo envejecimiento y ahora la pandemia han incrementando las necesidades sanitarias. Al verse impedida la Xunta a estabilizar empleo mediante oposiciones, se recurrió cada vez más a contrataciones temporales.
La crisis sanitaria obligó además a aplazar a 2021 las oposiciones al Sergas previstas este año: serán 985 plazas (652 para facultativos). Sin embargo, estas oposiciones servirán para cubrir las jubilaciones registradas en 2020, ni una plaza más porque el Gobierno no autorizó a la Xunta a superar la tasa de reposición del 100 por cien, pese a que el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que se les permitiese superar ese umbral y sacar a concurso 3.500 puestos fijos.
Sanidad solo presupuesta 34.651 plazas pero precisa 4.200 más
Los cuadros de personal del Sergas no son realistas y esto obliga a continuas inyecciones extra de dinero para reforzar la plantilla y poder así afrontar las necesidades sanitarias. Según la información del Consello de Contas, la Consellería de Sanidade presupuesta 34.364 plazas, pero finalmente a diario tiene trabajando a 38.651 efectivos, es decir, 4.287 más de los que calcula cuando elabora sus cuentas. Y este desfase entre los puestos dotados presupuestariamente y las necesidades reales del sistema ha ido a más en los últimos años. En 2014 la diferencia era de solo 2.463 puestos. En 2018, según el último informe del Consello de Contas, han sido un 74 por ciento más. Una de los continuos tirones de orejas del órgano fiscalizador al Sergas es precisamente que abuse de las modificaciones presupuestarias y acuda frecuentemente al fondo de imprevistos para inyectar más dinero tanto para gasto farmacéutico como para nóminas. Este año, por ejemplo, la Consellería de Sanidade se ha visto obligada a contratar a 1.700 profesionales más para combatir la pandemia y eso supuso una inyección extra de dinero de 51 millones que se sustanció en las últimas modificaciones presupuestarias de octubre. El gasto de personal del Sergas creció un 10,36% desde 2012 con 162 millones de euros más alcanzando la cifra de 1.730 millones de euros. En personal estatutario (que incluye a los profesionales sanitarios) la inversión anual en nóminas asciende a 1.045 millones, un 5,6% más que hace seis años. A esta cantidad hay que sumar los incentivos al rendimiento (pluses laborales) que ascienden a 142 millones de euros, un 6,10% más que en 2012, según la información de Contas. Por último, las cuotas y cargas sociales aumentaron un 8,14% hasta los 310 millones.
