El Gobierno gallego pretende implantar en un plazo inmediato una “importante” reforma administrativa orientada a agilizar la autorización de grandes proyectos empresariales. Se quiere reducir burocracia y contraer las etapas administrativas que toda iniciativa industrial debe superar antes obtener el visto bueno para así comprimir la tramitación y mejorar la competitividad. El objetivo es acortar hasta un tercio la duración de todo el proceso, que en los casos más complejos puede llevar ahora hasta más de tres años.
Así lo avanzó el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en una entrevista a este periódico. “En algunos proyectos muy complicados se necesitan más de tres años y creo que podemos lograr la posibilidad de bajar ese plazo en un tercio”, aseguró, aunque admite, no obstante, que la transformación no estará exenta de dificultades por el “cambio de paradigma” que esta reforma va a suponer en el funcionamiento de la Administración autonómica. “Va a ser difícil, pero la forma de avanzar es detectar las dificultades y avanzar. Y esto no se hace sin actuar”, declaró.
“Va a ser difícil, pero la forma de avanzar es detectar las dificultades y avanzar"
Esta modificación de la operatividad interna de la Xunta se incluye en el paquete de proyectos de reforma de la administración que el Ejecutivo gallego ha presentado al Gobierno central para aspirar a su cofinanciación con los fondos europeos destinados a la recuperación de los efectos provocados por la pandemia. Las iniciativas del Ejecutivo gallego en este apartado requieren una inversión en su conjunto de 614 millones de euros, de los que una parte se dedicarán a reducir la burocracia que actualmente alarga la implantación y desarrollo de proyectos empresariales.
Sin embargo, la intención de la Xunta no es esperar a tener confirmación de esta posible vía de financiación europea para ponerla en marcha. El conselleiro destacó que la previsión es comenzar a aplicarla en un plazo muy corto de tiempo, en dos o tres meses, en cuanto entren en vigor los presupuestos gallegos, que este mes se llevarán al Parlamento para que en el mes de enero se proceda a su aprobación definitiva por parte de la Cámara autonómica, un trámite en el que no habrá sorpresa alguna porque el PP tiene una mayoría absoluta holgada.
“Va a haber cambios muy importantes en las próximas semanas, como mucho en dos o tres meses, cuando comenzará es facilitación a las empresas”, anunció Valeriano Martínez.
Una de las razones que demoran la tramitación de los proyectos industriales es que el proceso es muy garantista para asegurar la legalidad de todos los pasos que se vayan dado, a lo que suma la cascada de informes sectoriales (medioambientales, de patrimonio, de industria, de Augas de Galicia...) necesarios que amparan cada fase, que además no se elaboran en paralelo, sino que suelen ser sucesivos, lo que alarga los plazos.
Lo que se busca es que sin renunciar al carácter garantista, al menos parte de los informes sectoriales y otros trámites administrativos se pueden realiza de forma simultánea. “Tenemos que tratar de dinamizar la burocracia en todo lo que tiene que ver con las iniciativas empresariales, que básicamente hasta ahora actuó por la vía garantista y de la legalidad. Esto lo vamos a mantener, pero está claro que necesita un cambio, mayor agilidad. Podemos ahorrar un tercio del tiempo en muchos de los grandes proyectos que a día de hoy resultan muy complejos de activar. Y esto no solo requiere de agilidad procedimental, sino que habrá que dotar de personal y recursos técnicos suficientes determinadas unidades que a día de hoy no la tienen”, indicó el conselleiro de Facenda.
Valeriano Martínez es consciente de que la transformación conllevará algunas dificultades, tanto para cambiar las rutinas del trabajo interno como para apurar en la confección de los informes sectoriales al tiempo que se garantiza la legalidad de todos los procesos, pero sostiene que no hay vuelta atrás. “No será fácil, pero creemos que con todas las garantías podemos achicar espacio temporal”, dice.
De esta simplificación se beneficiarán todos los proyectos empresariales porque, para mitigar los efectos de la pandemia, “se necesita poner toda la carne en el asador para crear empleo de calidad”. “Será tanto para nuevas empresas como para las existentes, que es lo más común. Muchas empresas medianas quieren ser grandes y tenemos que ayudarlas, y otras pequeñas quieren ser medianas. Y después están los grandes proyectos”, añade, en referencia las iniciativas de mayor tamaño presentadas ante el Gobierno central para aspirar a su cofinanciación con fondos europeos.
La reforma administrativa tendrá además un espectro más amplio, no solo orientado a la actividad empresarial, pues se pretende dar un gran avance en la digitalización y simplificar al máximo los procedimientos para facilitar la interacción entre la Administración autonómica y los ciudadanos. “Esto se notará mucho en los próximos dos o tres años”, concluye.
La evaluación del rendimiento de los funcionarios, paso a paso
En dos años se concluirá el proceso para medir la productividad de las unidades administrativas
En 2013 la Xunta presentó el proyecto de ley de empleo público de Galicia que, entre otras consecuencias, obliga a realizar evaluaciones periódicas del rendimiento de los funcionarios, ya sean de la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones o las universidades. En función del resultado del examen recibirán un plus económico o podrán ser enviados a un curso de formación para mejorar su aptitudes. La ley se aprobó a principios de 2015, pero más de cinco años después, su aplicación va con parsimonia y el reglamento que regularía este examen aún no se conoce. De hecho, en 2018 se frenó su desarrollo porque la Xunta optó por “priorizar otras actuaciones” contempladas en la Lei de Emprego Público y, ante los planes del Ministerio de Hacienda de vincular la subida salarial de los funcionarios a su productividad, decidió aparcarlo y esperar a la regulación estatal.
"Lo importante es enseñar a nuestros directivos y unidades a planificar"
El conselleiro de Facenda asegura ahora que en el plazo de “un año y pico o dos años” concluirá la implantación de la primera fase para evaluar al rendimiento del personal. Pero no será aún el momento para medir la productividad de cada trabajador de forma individual, sino que en esa primera fase se determinarán los objetivos generales y su cumplimiento por parte de las unidades administrativas, que podrían ser cada una de las direcciones generales en que se estructura la Xunta. La evaluación de cada empleado público llegaría más tarde. Valeriano Martínez no quiere poner el acento en la facultad para penalizar al trabajador que incumpla con sus obligaciones. “Eso es una parte importante, pero lo es más ser capaces de planificar, que es unir lo de hoy con el mañana. Tenemos las herramientas para ello y lo importante es enseñar a nuestros directivos y unidades a planificar y lo vamos a hacer de forma acelerada a partir del año que viene para poder realizar un seguimiento. En dos años estaríamos ya muy avanzados y en disposición de tener la primera fase de evaluación de las unidades. Y en su momento también se hará un seguimiento individualizado”, explicó el conselleiro.
En cuanto a la celebración de oposiciones, Valeriano Martínez asegura con rotundidad que no están paralizadas y que los procesos internos de preparación continúan, pero se niega a poner fechas dado que lo principal es primar la seguridad por encima de todo y que siempre se está pendiente de lo que diga la autoridad en salud pública. “No hay situación de stand by, sino situación de seguridad. Este mes finalizamos doce pruebas de pequeño tamaño, por lo tanto, de parado nada. Pero todos los pasos que damos los hacemos en contacto con sanidad y el comité clínico, que nos dice en cada momento si podemos o no celebrar pruebas. Flaco favor haríamos a los interesados si estuviéramos paralizados. El trabajo interno está hecho y la tónica general es avisar con un mes de antelación. Por tanto, no se puede decir que no habrá nada hasta dentro de tres o seis meses”, sostiene el conselleiro. Preguntado si el número de empleados públicos en la Administración autonómica es suficiente o faltan, ahora que se disparan las necesidades sanitarias o educativas, Valeriano Martínez se muestra un tanto ambiguo. “En principio tenemos que intentar aprovechar lo que tenemos, y allí donde hagan falta recursos que no tenemos dentro de la casa, obviamente hará que crecer. Pero no rechazo ninguna de las cuestiones”, asegura.
