Las restricciones de movilidad durante el estado de alarma no pusieron freno a las okupaciones ilegales de viviendas. Durante el primer semestre en España se registraron un total de 7.450 usurpaciones de pisos y casas, un 5% más que las 7.093 contabilizadas el mismo periodo de 2019. Galicia no es ajena al fenómeno okupa y mientras en la mayoría de las comunidades se ha producido una tendencia a la baja entre enero y junio, los propietarios gallegos han soportado un mayor número de asaltos que hace un año: de los 59 denunciados en los primeros seis meses de 2019 se pasó a un total de 79, un 34% más. Este dato coloca a Galicia a la cabeza de las cinco autonomías donde más aumentaron estos delitos en los primeros seis meses del año, junto con Murcia (19,7%), Canarias (14,7%), Comunidad Valenciana (14,11%) y Cataluña (13,2%), según la respuesta del Gobierno a los diputados del PP Ana Belén Vázquez, Carlos Rojas e Isabel María Borrego sobre los hechos conocidos de okupación ilegal, es decir, solo los denunciados. Pero desde el sector inmobiliario advierten de que apenas se denuncian la mitad de los casos por el largo proceso judicial, que en algunos casos puede superar el año, y al temor a represalias de los nuevos moradores.

Para tratar de poner freno al creciente número de este tipo de infracciones penales, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron el pasado mes de septiembre sendas instrucciones enfocadas a las okupaciones de primeras viviendas o segundas residencias con el objetivo de facilitar el desalojo inmediato, sin necesidad de una orden judicial. Es decir, ordenar la desocupación del inmueble antes de que se celebre el juicio.

En Galicia, la Fiscalía Superior y la Delegación del Gobierno acordaron la semana pasada potenciar las comisiones provinciales de coordinación de la Policía Judicial con el objetivo de agilizar los trámites de desalojo y dar una respuesta lo más rápida posible a cada caso denunciado en la comunidad.

Aunque Galicia ha sido la comunidad autónoma donde más repuntaron este tipo de delitos en el arranque del año desde la Delegación del Gobierno destacan que en 2019 solo representaron el 0,16% de todas las infracciones penales investigadas en la comunidad (129 de un total de 80.288). Las 79 okupaciones denunciadas durante el primer semestre por propietarios gallegos están muy lejos del volumen registrado en territorios como Cataluña (3.611) o Andalucía (1.183), pero la sitúan entre las comunidades del norte con más delitos de este tipo, solo superada por Aragón (94) y País Vasco (108). En el ranking autonómico, Galicia es la sexta comunidad por la cola, por detrás de La Rioja (6 usurpaciones en el primer semestre, los mismos que hace un año), Asturias (20, la misma cifra que en 2019), Cantabria (24 frente a 36), Navarra (34 frente a 59) y Extremadura (52 frente a 65).

Por provincias, A Coruña concentra el grueso de las okupaciones registradas durante el primer semestre en Galicia (44, el 55,6% del total), seguida de Pontevedra (27, el 34,2%). Lejos de estas cifras están los allanamientos en Lugo (6) y en Ourense (2). El mayor repunte se produjo en las dos primeras provincias, un 37,5% y un 35%, respectivamente. En Lugo hubo una más y en Ourense se mantuvo la misma cifra.

Con la nueva ley de desahucio exprés, el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio. A partir de la presentación de una demanda civil, se establece un plazo aproximado de 30 días en el que se suele recuperar la vivienda. En la mayoría de los casos se logra en un plazo de tres a 12 meses y por lo general con desperfectos que nadie cubre.