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Empresas optan por ERE definitivos en Galicia por la incertidumbre económica

Los ERTE se disparan a 17.700 y más de 95.000 afectados - La Xunta pone "todos los medios" para la tramitación -La avalancha podría retrasar las prestaciones del Sepe

Hacen falta bastantes intentos previos para dar con Fabián Valero durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. "Sí, estamos asumiendo un volumen de consultas muy elevado", señala el experto laboralista del despacho Zeres Abogados en un hueco entre llamadas de trabajo. ¿Qué tipo de ERTE es el idóneo? ¿Se pueden incluir a trabajadores temporales y fijos discontinuos? ¿Mejor de reducción de jornada o paralización total? Las preguntas se acumulan y es tanta, tanta la incertidumbre por el día después de la tremenda crisis sanitaria que ya hay empresas "que se plantean despidos o un ERE de extinción ante lo que pueda pasar, por miedo a una devolución de las bonificaciones en caso de no poder mantener la plantilla".

La flexibilización de los ajustes temporales y el ahorro de costes previstos por el Gobierno en sus medidas de contención a la crisis económica provocada por el coronavirus obligan a las compañías a mantener seis meses a toda su plantilla. "¿Y cómo van a ser esos seis meses?", cuestiona Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que también, como otros asesores consultados FARO, está al tanto de "empresas que se están planteando un ERE convencional". "Las grandes podrán garantizar el empleo -añade-. Las pymes lo tienen peor".

El número de solicitudes de ERTE aumentó ayer otro 23% en Galicia, según la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Superan los 17.700, con 95.511 trabajadores afectados, el equivalente a la población que suman la ciudad de Pontevedra y el concello de Baiona. La cifra es realmente mayor porque no tiene en cuenta los procesos de ámbito nacional de aquellas firmas con más de 250 empleados o que operan en diferentes comunidades. Y hay 21 ERTE de este tipo. "La Xunta está poniendo todos los medios y los recursos de los que dispone al servicio de los trabajadores y las empresas afectados", asegura el departamento que dirige Francisco Conde, preguntado por cómo se está gestionando el aluvión de peticiones en plazos tan cortos, de solo cinco días en los de fuerza mayor y de siete en el periodo de consultas en los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción achacables al Covid-19. "Para cumplir nuestro compromiso de contestar en tiempo y forma contamos con la implicación de todo el personal de las diferentes áreas de Emprego", señala la consellería.

"El colapso es total", asegura Maica Bouza, responsable de Empleo en CCOO en Galicia. A la espera del protocolo que preparan el Ministerio de Empleo y las comunidades para homogeneizar los criterios de contestación, "va a haber muchos en los de fuerza mayor que salgan adelante por el silencio administrativo". La falta de respuesta, como sucede en otros muchos trámites en la administración, equivaldrá al sí. ¿Y qué pasará con el abono de las prestaciones? "El servicio público de empleo estatal no esta preparado para el aluvión -apunta-, pero nos consta que se están negociando convenios con las autonomías, también con Galicia, para apoyarse en personal". Las empresas deben notificar los datos del empleado, su base de cotización y cuenta bancaria. "Aunque eso se haga por vía telemática, los números de la cuenta hay que automatizarlos", avisa Bouza, que reconoce que la gente afectada que estos días también inunda los sindicatos en busca de respuestas está "desconcertada".

"Que la inmensa mayoría de la población viviendo al día no tenga ingresos en cuenta hasta a lo mejor mediados de abril puede ser brutal", avisa Carlos Borrás, de Borrás y Parapar Abogados, con clientes de una y otra parte, "dudas de las empresas por si realmente pueden tomar este camino y trabajadores inquietos por lo que están pasando". "Es muy posible que en pocos días -añade- exista algún decreto nuevo que de respuesta a los ERTE exprés".

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"Se está hablando de contratar interinos para reforzar el Sepe", recuerda Fabián Valero, que identifica la tramitación como "una de las lagunas del decreto" por la delicada situación en la que deja a las propias empresas y sus asesorías que "con la gente teletrabajando o dentro de un ERTE, deben encargarse de la presentación de los expedientes y la demanda de las prestaciones".

"La idea de la flexibilización es claramente no destruir el tejido productivo", opina Carlos Seoane, de CCS Abogados y Asesores de Empresa, con un paradójico panorama para actividades que no están expresamente obligadas a cerrar "pero que sufren el parón porque la gente no sale a la calle". "La cuestión de las prestaciones deben resolverla ya, es de las cuestiones más fundamentales", insiste.

"Es cierto que en sí mismo el ERTE es un proceso previsto en la legislación, pero fue poco habitual hasta ahora, por eso sí que está creando muchas dudas", sostiene David Iglesias. El abogado laboralista del bufete Martínez Barros subraya la importancia de que la situación "no sea tampoco manga ancha para todo". "Nos consta que la administración está tirando abajo algunos ERTE", dice, pensando, además, en lo que puede venir si la paralización de la actividad da otro paso. "Ahí está la construcción -asevera-, que no es precisamente un sector poco intenso en cantidad de empleo".

El líder de la patronal pontevedresa cierra la puerta a que la excepcionalidad se aproveche para hacer limpieza interna en las empresas. "En líneas generales, no lo creo, básicamente porque la mayoría van escasas de personal desde que empezó la recuperación", defiende. "Muchas incluso están aguantando sin ERTE para ver bien el procedimiento -continúa- y en los sectores de transporte, alimentación y comunicaciones están reclamando más personal".

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