La incertidumbre política amenaza de nuevo la inversión del superávit municipal. Ante un escenario en el que no se podrían aprobar presupuestos generales -norma que incluye normalmente esa autorización- antes de marzo, ayuntamientos y diputaciones reclaman un blindaje que les permita ganar tiempo y gastar en 2020 y 2021 el balance positivo de sus cuentas, que rondará los 5.000 millones de euros, cerrando este ejercicio como el octavo consecutivo en números negros.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, pidió ayer al Gobierno en funciones del PSOE que apruebe un decreto-ley que permita la inversión del superávit de este año a lo largo de 2020 y 2021, ampliando los ámbitos a los que puede destinarse, y sortear así la dependencia de las cuentas estatales, cuya aprobación no está garantizada. "Queremos un decreto-ley porque prevemos que no habrá ley de presupuestos aprobada antes de marzo del próximo año", alegó el también alcalde de Vigo tras la primera Junta de Gobierno de la FEMP tras los comicios municipales de mayo.
El tiempo es clave en esta cuestión, pues la tramitación de proyectos vinculados al superávit requiere alrededor de ocho meses, por lo que obligar a su ejecución en el mismo ejercicio, como sucedía hasta el año pasado, dificulta el gasto,
La situación actual se ajusta a las características de un déjà vu. En marzo del año pasado, el Gobierno presidido por el popular Mariano Rajoy aprobó una norma como la reclamada ahora por las corporaciones locales para que estas sorteasen el bloqueo político que impedía aprobar las cuentas estatales, que finalmente lograron luz verde en junio. Aquel decreto, además, rebajó las restricciones a la inversión del excedente económico, lo que permitió a los concellos y diputaciones gallegas duplicar este gasto hasta los 85,3 millones.
Caballero recordó que los municipios volverán a las ser la única administración que cumpla los corsés fiscales (déficit cero) este año, aval de las peticiones que presentará a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, con la que quiere reunirse de forma urgente.
"Seguiremos teniendo superávit, reduciendo deuda y manteniendo el techo de gasto", expuso el presidente de la FEMP, que avanzó que pedirá a Montero "la plasmación en normas de los acuerdos del grupo técnico sobre techo de gasto" alcanzados a finales de verano y que no pudieron aplicarse.
Incluyen la exclusión de gastos atípicos extraordinarios en el cómputo sobre el techo de gasto -el máximo desembolso permitido para una administración, fijado por el Gobierno central-, "la incorporación de los gastos plurianuales -fundamentalmente los relacionados con Europa-", que puedan corregirse desfases del techo de gasto con ahorros locales sin que suponga la asunción de un plan de ajuste tutelado por Hacienda y que la ley de financiación tenga un reglamento.
