Durante la crisis económica, la Xunta arriesgó cientos de millones de euros para prestar apoyo financiero a las empresas a las que las entidades de crédito cerraban las puertas, conminándolas a la asfixia. El peligro de perder fondos públicos en esa estrategia la obligó a restringir la concesión de préstamos y avales, advertida incluso por el Consello de Contas de los impagos que iba a sufrir. De hecho, el año pasado el Ejecutivo consideraba "de dudoso cobro" 110 millones pendientes de ingresar. Sin embargo, los últimos nueve meses han aliviado su balance, pues el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), principal instrumento de ayuda financiera, rebajó en 51,7 millones la partida de avales comprometidos.
Este órgano, dependiente de la Consellería de Economía, y Xestur, la sociedad de gestión de suelo industrial autonómico, copaban la mayor parte de los 110 millones que la Xunta casi daba por perdidos en 2017, según la Conta Xeral del año pasado: 53,2 millones en el primer caso y 56 en el segundo.
El balance económico del Igape de la primera mitad de este ejercicio refleja un alivio en sus cuentas. Suma 193,2 millones comprometidos, de los que 120,7 corresponden a préstamos y 72,5 a avales, de los que 40,3 considera "en riesgo". En el primer caso se trata de una ayuda económica directa, mientras que en el segundo, la Xunta cubre los posibles descubiertos de las empresas beneficiadas. Pierde los fondos si estas no responden.
Al cierre de septiembre pasado, la cifra de compromisos era de 248,5, lo que supone 55,3 menos que en la actualidad (-22%). En 2017 el montante ascendía a 261, según los expedientes del Igape. La causa de esa minoración es atribuible casi en su totalidad a los avales. Los préstamos concedidos suman apenas 2,5 millones menos, pero las garantías económicas pasaron de 124,3 a 72,5.
"En este período se han producido vencimientos de avales concedidos que se han dado de baja sin producir ningún quebranto a las arcas públicas", explican fuentes de la Consellería de Economía.
Esa situación afectó a una veintena de empresas, que superaron el período en que el Igape ejercía de garantía económica a sus operaciones sin necesitar que esta fuese ejecutada, según su último informe.
Siguen en vigor los avales a 32 empresas concedidos desde 2004 al año pasado, mientras que en el caso de los préstamos ronda los dos centenares a partir de 2003. En muchos de los casos, el dinero es irrecuperable porque las firmas han quebrado y desaparecido tras su liquidación, como Construcións Mon o la productora Dygra Films.
Primeros embargos
Ante coyunturas como esas, el Igape dispone del embargo de bienes como último mecanismo para paliar la pérdida de dinero público. Pese a las consecuencias devastadoras de la crisis sobre el tejido empresarial, no recurrió a esa vía hasta el año pasado, como desveló este diario, cuando inició el proceso para confiscar los bienes de cuatro empresas que le adeudaban un total de 36 millones de euros.
Cinco naves industriales y una oficina pertenecientes a Alfageme, Pumade, Construcións Mon y Anbla sumaban una valoración de 7,5 millones, pero la subasta que organizó Xestur, a petición del Igape, fracasó y no se registró ni una sola oferta por esas propiedades.
El Ejecutivo también embargó un bajo comercial en Vigo a la empresa Hidroscivil, pero problemas burocráticos impidieron que fuese subastado en el lote.
La intención de la Xunta era subastar de nuevo las propiedades para tratar de mitigar el daño a sus fondos, aunque a comienzos de año aún no sabía cuándo lo haría.
